Magyar Vagon retira su OPA sobre Talgo tras el veto del Gobierno

El consorcio húngaro asegura que iniciará “todas las acciones legales a su alcance”, tanto en España como en la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta

Vista de la fábrica de Talgo en el barrio de Las Matas, en La localidad de Las Rozas. (EFE/J.P. Gandul)
Vista de la fábrica de Talgo en el barrio de Las Matas, en La localidad de Las Rozas. (EFE/J.P. Gandul)
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El consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) se reunió durante la tarde del jueves para retirar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones que lanzó para comprar Talgo, tras el veto recibido por el Gobierno a la operación. El conglomerado húngaro informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciando que retira la oferta que se debía haber presentado esa misma tarde. Se espera que la comunicación al mercado se efectúe a lo largo de la mañana.

Esta decisión permitirá a la CNMV desestimar el trámite de la operación, toda vez que el regulador necesitaba una comunicación por parte del oferente para poner fin a la operación. De todas formas, Magyar Vagon tiene previsto recurrir la decisión del Gobierno, según aseguraron a Efe, iniciarán “todas las acciones legales a su alcance”, tanto en España como en la Unión Europea. Mientras tanto, una vez despejado el camino, la checa Skoda podrá ahora seguir negociando con Talgo para fusionar sus negocios, siempre y cuando la dirección de Talgo se abra a ello.

La compañía rechazó hasta en dos ocasiones el ofrecimiento de Skoda, al estar más interesada en la oferta de Magyar Vagon, ya que Skoda no tenía la intención de controlar el capital, mientras que los principales accionistas de Talgo quieren desprenderse de sus acciones. Sin embargo, una vez vetada la operación por el Gobierno, Skoda es la única empresa interesada en Talgo y la única posibilidad para los accionistas de Talgo de salir de la empresa o, al menos, de vender parte de su capital y poder ampliar su capacidad industrial.

El Gobierno se mantuvo firme en su postura

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ya anticipaba esta decisión del Gobierno. En marzo, afirmaba que el Ejecutivo haría “todo posible” para frenar la operación, argumentando suspicacias de posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha. El 45% del consorcio que pretendía comprar Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país ahora gobernado por Viktor Orbán, quien recientemente ha entrado en conflicto con la propia Unión Europea por su acercamiento unilateral a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados. De hecho, el directivo de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro que también lideró Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002.

Orbán, presidente húngaro, es uno de los políticos europeos más cercanos a Vladimir Putin. Además, la compañía ferroviaria Magyar Vagon se creó en 2020 por Kristóf Szalay-Bobrovniczky, actual ministro húngaro de Defensa. La firma ha logrado consolidarse en el sector ferroviario a través de privatizaciones en Hungría, aprovechando su posición cercana al Gobierno. Además, un interés oculto podría estar relacionado con la vigente guerra en Ucrania. Pese a que el país continúe en guerra, los futuros planes de reconstrucción son muy atractivos para muchas firmas. Esta situación está llevando a muchas empresas europeas a mover ficha y posicionarse rápidamente.

La Junta de Inversiones Extranjeras, del Ministerio de Economía, argumentó “razones de seguridad nacional”, que se alinean con el mensaje que ya lanzó el ministro en el pasado trimestre. Confirman pues que, para el Gobierno, la OPA planteaba un conflicto estratégico, ya que Talgo tiene tecnología que influye en la movilidad militar de países europeos, especialmente en la zona báltica. Además, el Ejecutivo dudaba si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría dispondrían de la capacidad suficiente para resolver los problemas de producción que presenta Talgo. Es por ello que representantes del Ministerio acudieron recientemente a estas instalaciones para tomar una decisión fundamentada.

En este sentido, el Ejecutivo defiende que este veto se produce “en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales”.

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