
La madrileña Plaza de Castilla se convirtió a primera hora de este viernes -el último antes de las vacaciones para muchos trabajadores- en una jaula policial. “¿Pero qué ha pasado aquí?”, preguntaban varios transeúntes a eso de las nueve de la mañana. Los medios de comunicación lo habían anunciado a bombo y platillo: Begoña Gómez acudía a los juzgados a declarar como imputada.
El dispositivo desplegado por la Policía Nacional era similar al de un partido de Champions en el Santiago Bernabéu o, en su defecto, el de uno de los multitudinarios conciertos que ahora acoge el estadio del Real Madrid. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios; las Unidades de Protección y Reacción (UPR) y hasta guías caninos. Todo porque el juez Juan Carlos Peinado había citado a la esposa del presidente del Gobierno, una ciudadana “ajena a la vida pública” en palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero cuando la investigación daba sus primeros pasos.
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Ni siquiera los periodistas podían deambular con libertad por el entorno de la Plaza de Castilla. Para ellos se había habilitado una zona vallada junto a una isleta de la parte alta del Paseo de la Castellana. La ubicación no era baladí: estaba enfrente de la puerta del garaje de los juzgados, por donde entró Begoña Gómez minutos después de las nueve y media de la mañana. Eso se supo un rato después porque la investigada llegó en un vehículo oficial con los cristales traseros tintados.
En el interior del edificio, quienes velaban por la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno no eran los agentes de la Policía Nacional, sino los trabajadores de la seguridad privada de la sede judicial y los integrantes del servicio de Seguridad de Moncloa. Funcionarios trajeados que estaban “en cada esquina”, según relataron los pocos periodistas que pudieron subir a la sexta planta del edificio, donde se encuentran las instalaciones del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
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Vito Quiles y el director de Comunicación del PSOE
En esos pasillos también aguardaban a la llegada de Begoña Gómez los abogados de las hasta cinco acusaciones populares que se han personado en la causa. Ellos y sus “equipos jurídicos”. En ese concepto se escudaron para colar al agitador ultra y responsable de prensa del eurodiputado Alvise Pérez Vito Quiles, quien grabó a la investigada en el interior de la sede judicial, algo prohibido salvo autorización previa.
Pero Quiles no era el único rostro extrajudicial entre los privilegiados que pudieron entrar en los bunkerizados juzgados de Plaza de Castilla. El director de Comunicación del PSOE acompañó a la esposa de Pedro Sánchez y a su abogado, el exministro Antonio Camacho, durante la jornada. Su presencia no pasó desapercibida, ya que constata que el caso Begoña Gómez no es ajeno al PSOE ni al Gobierno pese a que desde el Ejecutivo lo tratase de desvincular, al menos hasta la primera carta a la ciudadanía emitida por Pedro Sánchez tras conocerse la imputación de su esposa.
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Aunque entonces desde Moncloa sí empezaron a pronunciarse abiertamente sobre el caso, horas antes de la comparecencia de Begoña Gómez fuentes del Ejecutivo respondían a la posible presencia de Pedro Sánchez en los juzgados que se trataba de un asunto “personal” de su mujer. Tras el aplazamiento de la declaración, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se quitó cualquier atadura y denunció la “gravísima indefensión” que, a su juicio, está sufriendo Gómez. El próximo 19 de julio, la siguiente entrega.
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