El Gobierno ha aprobado este martes la distribución a las comunidades autónomas de cerca de 200 millones de euros para la financiación de programas de atención a la familia y a la pobreza infantil. Se trata de una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento que ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando esta dotación presupuestaria en los años sucesivos.
“Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito”, ha señalado el ministro Pablo Bustinduy tras la celebración del Consejo de Ministros, con el objetivo de “hacer frente a los retos que tiene el país en la protección de las familias y de los niños y niñas”. Ahora el acuerdo debe ser aprobado de manera definitiva por el Consejo Territorial para que sea efectivo.
Según informa el ministerio, de este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos. El primero está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo o las de prevención e inserción social.
El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. Incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.
Por otro lado, el tercer programa, dotado con 25 millones de euros, tiene como objetivo reforzar los equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. “Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia”, de acuerdo a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021, recuerda el ministerio.
Población y tasa AROPE
El reparto territorial de los fondos se realizará atendiendo a criterios como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión. Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es igual a la de 2023.
En ese sentido, Bustinduy ha destacado que el objetivo de incremento presupuestario “trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes”. Así mismo, el ministro ha recordado el “necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales” y ha reclamado a todas las administraciones y partidos “una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes”
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