Novedades en la lucha por el reconocimiento como profesión de riesgo para la jubilación anticipada de policías y guardias civiles. Un alto cargo del Ministerio del Interior ha confirmado este martes a representantes sindicales de ambos cuerpos que un “equipo de trabajo” del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska está “perfilando” un documento que incluye “una serie de propuestas” que les trasladarán, previsiblemente, después del verano.
Pese a ello, representantes de la Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles consideran que “la situación es crítica” y “requiere la atención inmediata” de Grande-Marlaska, a quien han exigido a través de una carta que les cite a una reunión para concretarles la propuesta del ministerio.
Antes de registrar la misiva en la sede de Interior, los portavoces de la plataforma, integrada por tres sindicatos de la Policía Nacional y nueve asociaciones de la Guardia Civil, han sido recibidos por el director General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José António Rodríguez.
Tras escuchar sus principales reivindicaciones, ha confirmado que el equipo de trabajo al que aludieron Grande Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha celebrado “cuatro reuniones” y está “perfilando” un documento que incluye “una serie de análisis y propuestas” que les será presentado y entregado por el ministro del Interior “tan pronto como lo tenga en su mano y lo considere”.
Reclaman urgencia
Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil creen que su reivindicación es urgente y, en la carta dirigida a Grande-Marlaska, le reclaman una reunión lo antes posible: “Consideramos que es esencial revisar las condiciones de jubilación para garantizar que los agentes que han servido durante décadas puedan retirarse con la seguridad y dignidad que merecen”.
Piden ser reconocidos como profesión de riesgo para que les apliquen los índices correctores que les permitirían jubilarse de forma anticipada a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, un derecho ya reconocido a policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra. Además, exigen que estos beneficios lleguen a todos los policías y guardias civiles sin distinción por régimen de cotización, ya sea de clases pasivas o de la Seguridad Social.
Según informó Infobae España, el director general de la Policía, Francisco Pardo reconoció a los vocales del Consejo en una reciente reunión no habrá avances importantes sobre la jubilación anticipada de los agentes hasta que se confeccionen los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno pretende aprobar en 2025, por lo que cabe esperar que los sindicatos y asociaciones no serán llamados a negociar hasta pasado el verano.
En cuanto a la equiparación salarial, Pardo rechazó de plano la confección de una ley de retribuciones -incluida en el Acuerdo de Equiparación de 2018- porque el Consejo de Estado advirtió entonces que podría invadir las competencias de las comunidades autónomas que tienen cuerpo policial propio. Además, el representante de la Administración desveló que el Gobierno trabaja a largo plazo en una ley para permitir el reingreso de funcionarios policiales en segunda actividad.
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