El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que extiende algunas de las medidas implementadas para mitigar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo e introduce otras nuevas. Entre las normas dirigidas a apoyar a las familias se incluyen reducciones fiscales para personas con ingresos medios y bajos, así como la eliminación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Esta última medida ya fue modificada anteriormente en el reglamento del IRPF y en 2023 se elevó el umbral de renta mínimo al que aplicar retenciones desde los 14.000 euros hasta los 15.000. Ahora se incrementa, de nuevo, hasta los 15.876 euros (que equivale al salario mínimo interprofesional). “Los trabajadores que reciban este salario no tendrán retenciones del IRPF ni tendrán que pagar posteriormente”, ha puntualizado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Además, habrá una reducción de las retenciones para los trabajadores y los pensionistas con rentas cercanas a la retribución mínima.
La ministra ha explicado que los colectivos que se van a beneficiar de estas ayudas son más amplios, ya que la rebaja del IRPF se aplicará a remuneraciones de hasta 22.000 euros anuales, con lo que se pretende ayudar a 5,2 millones de contribuyentes de rentas bajas y medias, que conseguirán un ahorro de 1.385 millones de euros. “Dicho de otra forma, las rentas bajas y medianas pagarán menos impuestos con el gobierno progresista que lo que hacían con el gobierno del Partido Popular”, ha destacado.
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Otras medidas aprobadas en el decreto
Una de las principales medidas aprobadas por el Gobierno este martes es la supresión del IVA en el aceite de oliva desde este 1 de julio y hasta el 30 de septiembre. Además, se mantendrá suprimido el IVA para los alimentos básicos (pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales), y rebajado al 5 % para pastas y aceites.
El decreto también extiende hasta fin de año la prohibición de cortar los suministros básicos a los consumidores vulnerables por impago, y amplía el descuento del bono social eléctrico hasta el 30 de junio del próximo año. Por otro lado, se ha aprobado la subida del sueldo de un 2% a los empleados públicos o la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Montero ha señalado que las medidas implementadas desde 2020 para proteger a la mayoría social suman 120.000 millones de euros y que la “mayor rebaja de impuestos” histórica ha generado un ahorro de 25.000 millones, todo ello mientras se ha reducido el déficit público.
El Gobierno anticipa que la situación de inflación se normalizará prácticamente a partir del último trimestre de este año, lo que permitiría retirar esas medidas. A pesar de ello, la responsable de Hacienda ha enfatizado que el Ejecutivo apoyará a las familias y al tejido productivo el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad: “El Gobierno ha diseñado la hoja de ruta con los datos que manejamos actualmente, pero evidentemente, como siempre, daremos respuesta a situaciones sobrevenidas o que no se correspondan con esas previsiones”, ha enfatizado Montero.
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