El Gobierno se agarra al impulso de la UE y el déficit para salvar la legislatura con unos Presupuestos que seduzcan a sus socios

La decisión de la Comisión Europea de sacar a España del procedimiento de déficit excesivo da un respiro al Gobierno. No solo por el logro de regresar a las reglas fiscales, esquivando el expediente que sí se ha abierto con Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia; sino también por el hecho de que esta “extraordinaria noticia”, como tildó Pedro Sánchez, servirá de coartada a Moncloa para poder seducir a sus socios durante las negociaciones de los Presupuestos de 2025. Si consigue aprobarlos, el Ejecutivo podrá dar por salvada la legislatura.

A la espera de que España envíe a Bruselas su plan de ajuste, la lógica del Gobierno es que, si se mantiene el margen económico para poder elaborar unas cuentas públicas “expansivas”, el camino para cosechar una nueva mayoría parlamentaria será más llevadero. Habrá “más [dinero] para repartir”, apostillan fuentes gubernamentales. De este modo, esgrimen, complicará que el Congreso tumbe los Presupuestos de 2025, una ley que el Gobierno promete que presentará “en tiempo y forma”.

Los Presupuestos no son una norma cualquiera. Y, en el caso de la actual legislatura, son la piedra angular de este nuevo periodo político liderado por Pedro Sánchez en el que la derecha trata de pintar una imagen continua de un Gobierno derrotado. En el marco del discurso de los de Alberto Núñez Feijóo (PP) de pintar una legislatura agotada, el Ejecutivo busca revertir a toda costa estos malos augurios.

Por ello, se agarra a la decisión de la UE para impulsar su deseo de aprobar los Presupuestos de 2025. Pese a que está en el aire la investidura de Salvador Illa en Cataluña, Sánchez tiene decidido apostar fuerte con unas cuentas públicas para 2025, después de que se viera obligado a prorrogar en 2024 las del año pasado por el adelanto electoral en Cataluña.

Para los socialistas, los Presupuestos son la razón de ser de la legislatura, pero también para los socios parlamentarios que invistieron a Sánchez. Y es que, más allá de la amnistía pactada con ERC y Junts en el marco de la investidura del presidente del Gobierno, la mayoría de los acuerdos comprometidos por el PSOE con estas formaciones, EH Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria (CC) se tienen que articular bajo el paraguas del proyecto presupuestario.

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ya tiene un trecho recorrido en esta tarea. Fuentes de este departamento señalan que antes de que se decidiera prorrogar las cuentas públicas, ya había “avanzado mucho” con los diferentes partidos, especialmente con las formaciones vacas, el BNG y CC. Asimismo, destacan que las conversaciones con las fuerzas catalanas iban en la buena dirección.

El impacto de la situación catalana en los Presupuestos

En el Ejecutivo son conscientes de que la situación en Cataluña puede sacudir la estabilidad de la legislatura, pero defienden que una posible repetición electoral en esta comunidad autónoma no conllevará un adelanto a nivel estatal. Sánchez quiere proyectar “una legislatura para rato”, como ha proclamado en varias ocasiones, a pesar de que la actividad legislativa en el Congreso funciona a ralentí debido a su debilidad parlamentaria.

Hasta que la situación catalana no se resuelva (el plazo para elegir un presidente de la Generalitat expira el 25 de agosto y el presidente del Parlament ya ha activado el plazo de dos meses para alcanzar una investidura o convocar elecciones anticipadas), María Jesús Montero no comenzará formalmente las reuniones con los grupos parlamentarios. En todo caso, antes deberá alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno con Sumar. Los de Yolanda Díaz ya han puesto sobre la mesa la aprobación de una prestación universal por crianza en el marco de los Presupuestos de 2025.

Según apuntan fuentes del grupo socialista y secundan voces de otros partidos, el escenario de una repetición electoral en Cataluña amenazaría con volver a lastrar los planes del Ejecutivo en su deseo de presentar un proyecto presupuestario. Ya en marzo, cuando el president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, adelantó los comicios, Sánchez decidió de maneta inmediata mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para evitar ser rehén de una nueva disputa entre ERC y Junts por capitalizar el voto independentista.

En este sentido, los aliados parlamentarios de Sánchez dudan sobre si este año el Gobierno llevará a cabo su compromiso de impulsar unas nuevas cuentas, pero en Moncloa subrayan el deber del Ejecutivo en esta cuestión, e incluso se lanzan al desafío: “[Los presupuestos] se presentarán, aunque no haya apoyos”, zanjan fuentes gubernamentales.