El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno ya ha comenzado a tramitar las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco, amparándose en la Ley de Memoria Democrática.
El ministro lo ha comunicado a través de un video que ha subido en las redes sociales, donde ha recordado que la ley considera contraria al interés general “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Como titular de @culturagob, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. pic.twitter.com/LFcUjjbLfK
— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) June 20, 2024
Urtasun ha remarcado que es responsabilidad del ministerio “cumplir escrupulosamente” con la Ley de la Memoria Democrática. “Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo”, ha expresado.
Tres fases para tramitar la ilegalización
En un comunicado de prensa, el ministerio ha explicado que el procedimiento se desarrollará en tres fases, aunque no ha detallado los tiempos ni los plazos. La primera de ellas es el inicio de actuaciones previas que comienza ahora con la firma del ministro. Este primer paso consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal, cuyo objetivo es velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones. De este modo, Cultura pide evaluar “el posible incumplimiento de la ley por parte de dicha fundación”.
La segunda fase será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la fundación franquista y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones. En último lugar, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
Una vez concluida la instrucción y con el informe de Abogacía del Estado, “será responsabilidad de este Ministerio instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación, teniendo los jueces la última palabra”, ha subrayado.
Una “dura lucha” en los tribunales
El pasado 12 de abril, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya adelantaba que la fundación que exalta al dictador estaba “en sus últimos días”. También matizaba que el Gobierno no pretendía ilegalizarla, sino “extinguirla”. Ante estas declaraciones, el director de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, manifestaba que el Ejecutivo se enfrentaría a una “dura lucha” en los tribunales si lleva a cabo cualquier medida encaminada a su extinción.
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