El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este jueves por videoconferencia el Consejo Territorial de Memoria Democrática en el que se ha aprobado la distribución de 3 millones de euros para que las comunidades y ciudades autónomas continúen las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas y enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El secretario de Estado de Política Territorial, Fernando Martínez, que también ha participado el encuentro, ha asegurado a los medios no se ha comentado nada sobre las denominadas “leyes de concordia” impulsadas por los gobiernos regionales liderados por el Partido Popular junto con Vox -Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León- y tampoco sobre el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional para derogar la ley de memoria democrática de Aragón.
Dos millones para exhumaciones e identificaciones
En concreto, se destinarán dos millones de euros a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas. “Más del 35-40% de los cadáveres no se identifican y tienen que quedarse en ese cementerio y, por lo tanto, hay que construir memoriales donde ubicar esas cajitas ahí rotuladas científicamente. Pero si en un momento determinado aparece algún familiar, hay cotejo de análisis genéticos y podemos entregarle a los familiares esos restos cadavéricos de personas para en este caso”, ha detallado Martínez.
El reparto, aprobado con la abstención de las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular, se ha hecho en función del número de fosas que requieren una intervención. De este modo, las comunidades de Asturias, La Rioja y Euskadi y la ciudad autónoma de Melilla no recibirán fondos para las labores de exhumación de cuerpos. El millón de euros restante será destinado a labores de divulgación y dignificación de los lugares de enterramiento.
La comunidad autónoma que más fondos recibirá de estos tres millones destinados a memoria para este año será Andalucía, a la que se le transferirán más de 520.000 euros para estas labores. Le sigue Cataluña en segundo lugar, con un importe cercano a los 420.000 euros. Castilla-La Mancha será la tercera región que más recibirá, hasta los 313.874 euros.
Tras estas regiones se sitúan la Comunidad Valenciana (289.327 euros); Castilla y León (226.760 euros); Extremadura (192.422 euros); Navarra (140.974 euros); Aragón (126.759 euros); Baleares (124.195 euros); Asturias (105.815 euros); Galicia (77.686 euros); Canarias (74.104 euros); Cantabria (70.163 euros); Euskadi (70.419 euros); Murcia (65.032 euros); La Rioja (59.119 euros); Madrid (58.829 euros); Ceuta (31.868 euros) y Melilla (31.758 euros).
Un banco de ADN de víctimas y familiares
Desde este mes, España cuenta con el programa “Bonaparte”, un software para almacenar y cruzar datos de ADN tanto de víctimas como de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. De su gestión se encargará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El programa, creado por el Instituto Forense Holandés que depende del Ministerio de Justicia y de Seguridad de los Países Bajos, es un software desarrollado con fondos públicos europeos, que ya se utiliza en el ámbito internacional forense, para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas.
El sistema permitirá integrar perfiles de ADN y realizar búsquedas sistemáticas con restos mortales procedentes de las exhumaciones de fosas de la guerra civil y la dictadura y ayudar así a su identificación genética. Podrán acceder a él tanto los laboratorios de ADN estatales y como los de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática. El objetivo de esta adquisición, es “subir perfiles genéticos de ADN, de personas de la que desaparecidas o muertas durante la guerra y la dictadura, subirlos a la nube y a partir de ahí poder cotejarlo con muestras de cadáveres o de ADN, dados muestras cotejadas que nos permitan una mayor identificación”, ha aclarado el secretario. Martínez ha destacado que se ha planteado “que aquellas personas que quieran dar muestras de ADN para, si en un futuro se pueden encontrar los cadáveres de sus antepasados, puedan hacerlo”.
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