El Congreso de los Diputados ha aprobado, con 177 votos a favor y 172 en contra, la ley de amnistía. “Hoy no se perdona, hoy se gana”, ha señalado la diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. El resultado, ya previsto pero con cierto temor a un error, pone punto y final a una larga travesía parlamentaria que se inició hace seis meses y medio y que hasta ahora se encontraba vetado en el Senado, con mayoría del PP.
La ley, calificada de “histórica” por sus impulsores, ha sido negociada en cada coma y punto, pero el abrupto camino político llega a su fin. Ahora comienza un nuevo capítulo, quién sabe si más enredado: el judicial.
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A pesar de que su aplicación es inmediata con la aprobación, habrá que esperar un tiempo para que se aplique de forma efectiva y por eso en las filas socialistas corre el nerviosismo ante una posible “interpretación interesada de los jueces”. De hecho, este miércoles un grupo de jueces ha difundido una guía con el objetivo de facilitar formularios a magistrados para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales en el Tribunal Constitucional (TC) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para así paralizar la ley de amnistía.
Algunos de los argumentos que esgrimen hacen referencia a las excepciones que recogió el texto final. La ley amparó en el último momento los delitos de malversación y terrorismo, uno de los puntos calientes en las negociaciones entre los independentistas y el Gobierno Central. No obstante, dentro de estos delitos se establecieron ciertas excepciones.
Sobre el delito de malversación, quedarán exentos de la norma aquellos “enriquecidos de manera ilícita y personalmente”. Respecto al segundo, los delitos de terrorismo que hayan implicado un “delito de lesa humanidad o una vulneración de los derechos humanos” tampoco serán protegidos por la ley del perdón.
El foco se sitúa ahora en uno de los grandes beneficiados por la amnistía: el líder de Junts Carles Puigdemont, en el exilio desde 2017. La entrada en vigor de la norma permitiría su regreso a España, aunque estas dos excepciones amenazan con impedirlo.
Las investigaciones por malversación y terrorismo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló la solicitud del sindicato Societat Catalana para que investigase al líder posconvergente y expresidente de la Generalitat por “la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales”. Concretamente, el sindicato solicitó la investigación por el pago en criptomonedas que Puigdemont recibió en su cuenta personal de Ethereum a través del servicio de privacidad conocido como Tornado Cash en diciembre de 2021.
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Un informe elaborado por los fiscales del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aclarado que, si bien el delito de desobediencia queda “perdonado” por la ley, a su juicio, la imputación por malversación no es amnistiable. Ante esta situación, poner un pie en España podría suponer su inmediata detención.
El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Puigdemont tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.
La postura comunicada por los fiscales coincide con la del Supremo, que -al revisar el caso del ‘procés’ tras la reforma del Código Penal por la que se modificó la malversación- ya revisó el concepto de ánimo de lucro e insistió en que “nunca podrá entenderse” que la actuación de los condenados estuviera “ausente” de dicho ánimo.
Por este mismo criterio están investigados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, todos con inhabilitaciones vigentes por malversación después de que el Gobierno les indultara la pena de prisión en 2021.
Entre otras causas abiertas está el delito por terrorismo, investigado por el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional y que lo relaciona con el movimiento Tsunami Democràtic y CDR. Sobre esta causa también decidió imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En concreto, el magistrado investiga si entre los objetivos de la plataforma estaba una acción contra el Rey durante una visita a Barcelona en 2020.
Aún queda centenares de juicios abiertos de implicados en el proceso soberanista catalán sin resolver. No hubo sorpresas en la votación, pero la aplicación de la ley abre un nuevo frente que estará protagonizado esta vez por la Justicia.
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