El Ministerio de Trabajo ha propuesto este lunes a patronal y sindicatos una medida concreta para hacer más efectivo el control horario, que es obligatorio desde 2019. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en declaraciones a los medios tras la reunión con los agentes sociales, España tiene que “tender a digitalizar el registro” y a que “los asientos no sean manipulables, que no se puedan alterar”. “Estamos firmemente comprometidos con que la legislación de tiempo de trabajo se cumpla adecuadamente y para eso el registro tiene que cumplir con las exigencias de la Unión Europea”, ha afirmado en alusión a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que instaba a España a hacer el registro de jornada más accesible, objetivo y fiable.
Según han detallado posteriormente UGT y CCOO, el planteamiento que el Gobierno les ha trasladado consiste en obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a tener registros de jornada digitales, de manera que también sean accesibles para la Inspección de Trabajo de manera telemática. Actualmente, las empresas pueden efectuar el control horario también en papel y esto conlleva problemas de almacenamiento y comprobación para la inspección.
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El número dos de Trabajo ha matizado que contemplan “flexibilidad” para las pymes que tengan que aplicar esta medida con el objetivo de “prescindir del papel”. Los sindicatos UGT y CCOO le han trasladado al respecto su petición de que el endurecimiento del registro también llegue de alguna manera a las empresas más pequeñas, las de menos de 50 trabajadores. “El sistema que plantean es fiable, pero hay que ver qué modificaciones son necesarias para las empresas más pequeñas, que son la mayoría en nuestro país”, ha detallado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.
El vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha incidido en esta idea añadiendo que la exigencia de la digitalización del registro se incluiría en el Estatuto de los Trabajadores (ET) como artículo 34 bis. También ha señalado que las modificaciones afectarían a los trabajadores a tiempo parcial al hacer obligatorio el apunte de las horas complementarias.
Por otra parte, Pérez Rey ha anunciado la intención de su cartera de endurecer las sanciones por incumplimiento del registro de jornada para que sea “eficaz y disuasorio” porque “no consiguen su objetivo” con la normativa actual. Uno de los escenarios que plantea la cartera de Yolanda Díaz es que las sanciones no se impongan por empresa, sino por cada uno de los trabajadores, lo que multiplicaría las cuantías en caso de detectarse irregularidades.
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Negociaciones para aplicar la jornada de 37,5 h
Todas estas medidas se enmarcan en el compromiso del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, esta medida se plasmará en el artículo 34 del ET y se incluirá un mecanismo transitorio para que el primer escalón de reducción de la jornada se produzca en 2024 con 38,5 horas. De esta manera se dará “tiempo y flexibilidad suficiente para que las empresas y los trabajadores tengan tiempo de adaptarse”, ha defendido.
Aún no se ha determinado cómo tienen que proceder las empresas a la implantación progresiva de la reducción de la jornada, de hecho, los sindicatos han aclarado que está “todo abierto” en este aspecto y que se seguirá negociando tanto en la mesa tripartita con el Gobierno como en la bipartita solo con la patronal. No obstante, Vicente ha afirmado con rotundidad que los sindicatos “en absoluto” contemplan que se puedan seguir haciendo 40 horas semanales compensadas posteriormente por la empresa con días libres.
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