
Carlos Sánchez Mato se define como un “economista inquieto”. El histórico dirigente de Izquierda Unida, que llegó a formar parte del primer Gobierno municipal de Manuela Carmena, acaba de publicar un amplio reportaje en la revista ‘Acceso Justo al Medicamento’ en el que analiza cómo no se ha arruinado gracias al actual sistema sanitario público que tenemos en España, un sistema que se basa “en la solidaridad”. Y pone un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. La medicina que tiene que comprar todos los meses para seguir viviendo le cuesta 11 euros. Si la insulina que necesita no estuviera financiada por la Seguridad Social, no tuviera receta, pagaría 441 euros.
Porque Carlos Sánchez Mato, a sus 53 años, es diabético tipo 1 desde hace 32 años. “Soy un enfermo crónico. Nunca lo he ocultado. Mi dependencia de la sanidad pública es total, y yo no estaría vivo sin esa visión no economicista de la sanidad”. Es decir, que la vida no debe estar asociada a la rentabilidad económica. Él solo paga 4,23 euros por cada caja de insulina, unos 11 euros al mes, según sus cálculos. Por la bomba de insulina (para que esta sea administrada regularmente a su cuerpo, como un páncreas artificial) y el material que necesita para que esta funcione no le cuesta nada. Todo esto último está totalmente financiado por las arcas públicas.
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Las cuentas son sencillas. “Me beneficio de las prescripciones financiadas. Me toca abonar el 10% de lo que cuesta la insulina”, que el laboratorio que la fabrica la vende a 108 euros. Del resto no abona nada. Y eso que la bomba de insulina (con cinco años de vida útil) cuesta otros 58 euros. Por el material fungible la sanidad pública paga 258 euros, por las tiras reactivas y el medido de glucemia otros 26 euros. “En 32 años de diabético, a precio de mercado actual habría tenido que pagar casi 170.000 euros por mi enfermedad. El sistema público de solidaridad solo me ha cobrado algo más de 4.000 euros. ¿Crees que algún seguro privado me lo cubriría?”, señala a Infobae España. “Solo me cuesta el 2% del precio de mercado”.
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La diabetes tipo 1 supone aproximadamente unos de cada 10 casos de diabetes en España (afecta al 10% de la población diabética), estimándose una prevalencia en la población general del 0,2% (unas 90.000 personas). Se trata, además, de un tipo de diabetes con necesidades de tratamiento específicas y complejas, explican desde la Sociedad Española de Diabetes. Sánchez Mato defiende en su artículo que aunque a las personas enfermas, especialmente a las crónicas, les salga mucho más barato el tratamiento, no debería hacernos olvidar la realidad que hay detrás. “Y es que las empresas farmacéuticas facturan a precios muy altos esos elementos esenciales para la vida”.

En el caso del economista y político hay dos empresas que son claves para el tratamiento de su enfermedad: Novo Nordisk (que elabora la insulina) y Medtronic (que fabrica la bomba que siempre tiene que llevar). Novo Nordisk aumentó un 16% su beneficio en 2022 hasta 7.400 millones de euros, después de ingresar 23.787 millones. Del total de ingresos, el 79% proceden de la venta de productos para el tratamiento de la diabetes, segmento en el que esta empresa cuenta con una cuota de mercado del 32%. En 2023 a la farmacéutica danesa tampoco le fue mal porque registró un beneficio neto de 8.270 millones de euros hasta septiembre, un 47% más. Por su parte, en 2023 Medtronic facturó 28.700 millones de euros, un aumento del 2,1%. De estos ingresos, el 7,5% corresponden a productos relacionados con la diabetes.
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“Beneficios obscenos”
“La cara de la moneda del sistema facilita que millones de personas nos beneficiemos del sistema público de solidaridad. La cruz es que se hace a costa de pagar la factura elevadísima que nos presentan las grandes corporaciones a ese sistema público y que les genera obscenos beneficios”, sentencia Sánchez Mato. ¿Y por qué cobran tan caro los medicamentos las grandes multinacionales?, “Porque tienen un enorme poder de mercado que les permite fijar precios elevados gracias a que operan en situación de monopolios u oligopolios y por los derechos de propiedad que les otorgan las patentes”, señala.
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Sánchez Mato agradece “el esfuerzo colectivo para proteger a los más débiles, a los enfermos crónicos, y que el sistema público no tenga en cuenta la rentabilidad económica”. La segunda derivada es que “es importante pagar impuestos”. El ex concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid asegura que “en ningún caso debe ser la rentabilidad económica de las grandes multinacionales el factor que garantice la provisión de medicamentos, sobre todo el de las enfermedades que afectan a pocas personas. Y precisamente por eso no puede dejarse en sus manos. Es la iniciativa pública la que debe tomar las riendas. Tomar las riendas no es solo pagar menos. Supone eliminar el lucro privado y cambiar radicalmente el modelo”. ¿Cómo?
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El nuevo ministerio de Sanidad, en manos de Sumar, aboga por la creación de una farmacéutica pública que no quede reducida a la fabricación de aquellos principios activos que no resulten comercialmente rentables para las empresas privadas. La cartera que dirige Mónica García cree que esta industria farmacéutica pública tiene que ejercer un “decidido liderazgo” que guíe la investigación y “que se conjugue con la capacidad industrial necesaria para llevar a cabo la producción de los avances farmacéuticos”. Según los cálculos de los nuevos responsables de Sanidad, esta empresa pública generaría 1.601 puestos de trabajo directos y 2.482 indirectos en cuatro años. “Hay personas que mueren porque sus soluciones médicas no son rentables para los laboratorios. No se pueden dejar los elementos esenciales para la vida en manos de la rentabilidad económica y de la empresa privada”, concluye Sánchez Mato.
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