Podemos vota ‘no’ a la reforma del subsidio de Yolanda Díaz, pero pacta con el PSOE el apoyo al decreto anticrisis

Los morados mantienen su rechazo a la norma con rango de ley sobre la reforma de la prestación por desempleo, quedando abocada al fracaso ante el rechazo anunciado por Junts

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior. (Gustavo Valiente / Europa Press)
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior. (Gustavo Valiente / Europa Press)
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Podemos ha llegado a un acuerdo con el PSOE para extender la suspensión de los desahucios hipotecarios a las familias vulnerables cuatro años más, más allá de la permanencia de esta medida en 2024 pactada con EH Bildu. Este pacto, alcanzado in extremis, ha permitido que los cinco diputados morados hayan votado a favor del decreto del escudo social. No obstante, la convalidación del paquete de medidas no saldrá adelante si se confirma el rechazo anunciado por Junts.

El pacto de Podemos con el Gobierno pasa por alargar la suspensión hasta 2028 de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias a cambio de su apoyo al decreto anticrisis para combatir la inflación, que de seguir adelante, “se tramitará como proyecto de ley en un máximo de seis meses”, según han informado los morados.

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Podemos también había planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2% el incremento anual de los alquileres, tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, y de topar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos. El partido informa de que mantiene estas demandas y “seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto”.

Podemos deja caer la reforma de Yolanda Díaz

En cuanto al decreto relativo a “la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo”, Podemos ha votado en contra al no haber podido alcanzar “ningún tipo de acuerdo” con el Ejecutivo. En concreto, con la parte minoritaria, capitaneada por Yolanda Díaz. Su rechazo, sumado al de PP, Vox, UPN y el no anticipado por Junts, impide la convalidación de la reforma.

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Durante el debate de la norma en el Congreso (se ha celebrado en el Senado porque la Cámara Baja se encuentra en obras), Podemos insistió en su petición de revertir el “recorte” de la cotización del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una línea roja para apoyar la reforma. La diputada Noemí Santana exigió un compromiso “por escrito” de que el Ejecutivo retirará este cambio introducido en la modificación de esta prestación.

”Desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto”, alegó desde la tribuna de la Cámara Alta, pero al mismo tiempo pidió: “Lo único que les pedimos es que escuchen, que negocien”. Y es que, los de Ione Belarra han afeado a sus antiguos socios de coalición su “falta de actitud negociadora”, ya que desde primera hora han “exigido su voto favorable sin aceptar sus propuestas”. En lo relativo a este decreto, los morados han centrado sus reticencias en la rebaja de la cotización para los mayores de 52 años que lo perciben, una modificación que el Gobierno justifica en el fin de la compensación a las cotizaciones tras las subidas progresivas del salario mínimo.

En cuanto al tercer decreto que se debate y vota este miércoles, el llamado decreto ómnibus, con reformas pendientes para la recepción de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, Podemos ha votado también a favor, pero también queda en manos de Junts, que anunciaron su rechazo por poner en peligro la aplicación de la eventual ley de amnistía.

En Junts creen que la modificación de la ley de enjuiciamiento civil puede afectar a la aplicación de la norma que se tramita en el Congreso. En concreto, se añade un nuevo artículo 43 bis de la ley sobre la “cuestión prejudicial europea”: la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), manteniendo la aplicación de la norma en suspenso hasta que el Tribunal resuelva dicha petición.

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