El Ingreso Mínimo Vital se atasca con los cambios de gestión propuestos por el Gobierno

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda diseñada por el Gobierno de coalición, flaquea en ejecución y planteamientos. Tras el anuncio de que Cataluña se quedaba la gestión de este subsidio tras un acuerdo para la gobernabilidad de España entre Junts y el PSOE, el Gobierno habilitó la posibilidad de que cualquier comunidad autónoma asumiera las competencias de esta subvención para los desempleados crónicos que no tienen ningún tipo de ingreso, una medida muy aplaudida en su nacimiento, pero que ha dejado durante la legislatura un camino de dudas y trabas administrativas para los perceptores.

Desde entonces, la acogida de esta medida ha sido tímida, y han sido pocas las comunidades autónomas que se han decidido a gestionar una ayuda que ha recibido profundas críticas por su demora en la aplicación e incluso por darse de forma incorrecta y luego solicitar devoluciones a quienes lo percibían, con casos particulares de afectados que tenían que devolver hasta 10.000 euros.

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Además de País Vasco y Navarra, que ya gestionaban el Ingreso Mínimo Vital por la fórmula de competencias particular que tienen estas dos autonomías, y la recientemente incorporada Cataluña, los gobiernos autonómicos a los que se cederá la administración del subsidio son Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia, según constató la Agencia EFE hace una semana. Este cambio en la organización llevó a ciertas teorías que aseguraban que las competencias sanitarias en el MIR y la Formación Especializada para sanitarios también fuera derivada, algo que fue desmentido rotundamente por el Ministerio de Sanidad cuando aún estaba en manos del PSOE, antes de los comicios del pasado 23 de julio.

El Ingreso Mínimo Vital, un regalo envenenado

Pero mientras estas autonomías quieren gestionar la ayuda, otras han sido reticentes o directamente, la han rechazado. Baleares y Canarias solo aceptarán si el traspaso se produce en condiciones que “consideren adecuadas”, sin especificar más sobre el asunto, y Andalucía y Extremadura no se han decidido aún. Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no se han pronunciado y la Comunidad de Madrid arguye que es una medida que debe negociarse y aplicarse en conjunto en todas las comunidades. Del mismo modo, Aragón considera que el tema debe tratarse en común.

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En realidad, la gestión del IMV puede ser un regalo envenenado. Tras los últimos datos publicados en julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constató “escasos” avances en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital y solo el 35% de los posibles beneficiarios habían recibido la ayuda. El Gobierno no ha sido capaz de desplegar la ayuda con eficacia y las comunidades autónomas que asuman las competencias tendrán como tarea principal convertir la subvención en una herramienta eficaz.

Las personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social están obligadas a reintegrar su importe, pero podrán hacerlo a plazos, de forma más flexible. Al menos, esa era la pretensión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y de Migraciones, que a través de un Real Decreto modificó el reglamento de la recaudación y que posibilitará el pago fraccionado de las prestaciones cobradas de forma “indebida”. Esta medida afecta a todo tipo de ayudas, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha generado problemas a muchas familias que se han visto obligadas a devolver parte de la prestación tras ser concedida de oficio.