Las familias que salieron de Nicaragua y acabaron en un pueblo de Valladolid: “Huimos de la represión de Ortega y aún no podemos volver”

Engels Rojas nunca ha podido utilizar abrigo a pesar de ser una prenda que le gusta. En realidad no le ha hecho falta porque en su país, Nicaragua, las temperaturas rara vez bajan de los 20 grados. Pero a partir de ahora, va a tener que utilizarlo muy a menudo porque se acaba de instalar en Medina de Rioseco, Valladolid, donde este 27 de diciembre a las 12:30 del mediodía el termómetro marcaba -2 grados y la niebla no daba tregua. De momento lleva un plumas ligero, pero después de lo que ha tocado vivir, asegura que el frío es el menor de sus problemas.

Este hombre de 42 años forma parte de las 72 personas refugiadas nicaragüenses -un total de 23 familias- que a mediados de diciembre llegaron a España dentro un proyecto piloto de migración laboral que ha puesto en marcha el Gobierno, en colaboración con la Diputación de Valladolid y la ONG Accem. Y él especialmente se siente afortunado por haber podido venir con otros 14 integrantes más de su familia, incluyendo su esposa, hijos, padres y hermanos.

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Todas estas familias se vieron obligadas a salir de Nicaragua en 2018, cuando las manifestaciones masivas contra la polémica reforma de la Seguridad Social del Gobierno de Daniel Ortega hicieron estallar una crisis sin precedentes que dejó más de 350 muertos y que supuso un antes y un después en el país centroamericano. Durante estos últimos cinco años han vivido en Costa Rica, el país vecino donde miles de nicaragüenses se han exiliado escapando de la represión.

Engels sigue sin olvidar lo terrible que fue aquel 8 de julio de 2018 cuando “la policía y grupos paramilitares fuertemente armados” asediaron su ciudad, Jinotepe, que durante semanas había sido símbolo de la resistencia contra el exguerrillero sandinista. “Ese día al régimen de Ortega solo le faltó sacar los tanques contra la población, que se defendía con piedras y bombas molotov caseras. Fue totalmente desproporcionado”, cuenta a Infobae España, por lo que apenas tres días después, el 11 de julio, cruzó a Costa Rica, adonde solo pudo llevarse un bolso con ropa y un par de zapatos. Por suerte su esposa y sus hijos se habían ido un mes antes debido al clima de las protestas.

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Lo que Engels pensó que apenas duraría unos meses, terminaron convirtiéndose en cinco años “muy duros”, sobre todo por las dificultades para encontrar trabajo “por la situación de ser migrantes”, pues ni él, técnico de refrigeración, ni su esposa, profesora, pudieron ejercer sus profesiones y la estabilidad laboral brilló por su ausencia durante todo ese tiempo.

Por eso ahora se muestra especialmente agradecido con la oportunidad que le brinda este proyecto de migración laboral, en el que también ha sido fundamental el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por el que en breve empezará a trabajar en una planta fotovoltaica. Durante esta primera fase recibirá formación junto a sus compatriotas refugiados y buscará una vivienda, ya que hasta el momento todos se encuentran en un centro de acogida. “Venir con oportunidades laborales y de estudio o saber que no vamos a tener dificultades para obtener la documentación lo cambia todo. Estamos muy ilusionados”, asegura.

Fijar población en el entorno rural

Se trata de un proyecto financiado por la Secretaria General de Migraciones en el que el Gobierno español ha realizado un acuerdo con el Ejecutivo estadounidense “para reasentar a personas que han pedido protección internacional en otro país”, explican desde la ONG Accem, y la principal novedad es que llegan con un contrato de trabajo. De los 72 refugiados que han llegado a la provincia de Valladolid, “31 ya están en formación con una empresa del sector de placas fotovoltaicas”.

Otra parte clave del proyecto, apunta Accem, es que permitirá fijar población en el entorno rural de Castilla y León, una de las regiones más despobladas y envejecidas del país. En estos primeros tres meses, la ONG les ayudará tanto con la escolarización de los menores como con la parte sanitaria y de documentación para que tengan “todo en regla”, y después vendrá la búsqueda de vivienda.

Cabe destacar que la llegada de estas 23 familias refugiadas nicaragüenses a España se produce apenas unos días antes de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros firmaran el 20 de diciembre el Pacto de Migración y Asilo, que supone un control más severo de las llegadas de migrantes y el endurecimiento de los requisitos de acogida, además de incluir un mecanismo de ‘solidaridad a la carta’ que permitirá a los países eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Un acuerdo que, tal y como señala Accem, “piensa más en las fronteras que en salvaguardar los derechos” de las personas migrantes cuando en realidad “se podrían plantear herramientas que puedan facilitar esas llegadas y una inserción laboral” como demuestra este proyecto de reasentamiento de refugiados, porque, además, “la mayoría quiere regresar a sus países de origen” cuando finalizan los conflictos de los que huyeron.

Volver a Nicaragua sigue siendo imposible

Aunque la mayoría de la familia de Engels está ahora con él en España, su abuela de 103 años y otros familiares continúan viviendo en Nicaragua y le duele no poder verles, porque es consciente de que la situación sigue siendo muy complicada en el país y de que no hay perspectivas de cambio. De hecho, el nombre que suena para suceder a Daniel Ortega, que se encuentra en el poder de manera ininterrumpida desde 2007, es el de su sexto hijo, Laureano Ortega, que se convertiría así en el heredero de una “nueva dinastía”.