Los rectores exigen al Gobierno que sea el Estado el que asuma los gastos derivados de la nueva Ley de Universidades

El pasado 12 de abril entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en España, después de ser aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados. El texto es la culminación de decenas de reuniones con colectivos implicados y la reescritura de algunos de sus artículos tras varias enmiendas de los grupos de la Cámara. Con los 182 votos a favor, 157 en contra y 8 abstenciones, la ley, cuya principal fuente de críticas es el gasto que requiere, salió adelante, pero será en las próximas semanas cuando compruebe su impacto.

Uno de los objetivos del Gobierno con la LOSU es cumplir el acuerdo con Bruselas de reducir hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público en este ámbito, lo que implica convertir a 26.000 profesores asociados en indefinidos a tiempo parcial con derechos de antigüedad, paro y vacaciones. Esto se traduce en un gran desembolso de dinero al que las universidades deben hacer frente.

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El apartado 2 del Artículo 55 de la ley plantea que “las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado” y para alcanzar ese objetivo “se establecerán en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes aportaciones”. Es en este punto en el que se ha centrado el informe que ha publicado este martes la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), coincidiendo con la aprobación del Consejo de Ministros del 199.120 millones de euros del ‘techo de gasto’, que marca el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Un incremento de 3.180 millones de euros a cargo del Estado

La CRUE ha exigido al Gobierno que sea el Estado, y no las Comunidades Autónomas, el que asuma el gasto extra de alcanzar ese 1% y de sufragar el nuevo gasto en docentes universitarios. En base a los macrodatos del año 2022, los rectores calculan que el gasto público en política universitaria se situó en el 0,76% del PIB, de manera que con la LOSU sería necesario un incremento de la inversión del 0,24% del PIB, es decir, una aportación de recursos adicionales de 3.180 millones de euros.

“El Gobierno central no debería esperar que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1% PIB de gasto público universitario procediera del ámbito de los gobiernos regionales”, indican. Además, critican que el Gobierno ha consultado el objetivo de gasto público universitario con las Comunidades Autónomas y “tan solo les ha informado de la tramitación del texto legal en la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están los responsables de la política universitaria, pero no los de las haciendas autonómicas”

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844 millones para estabilizar la plantilla de docentes

La CRUE también pide al Gobierno que sea el Estado el que asuma el gasto derivado del ejercicio de estabilización del personal docente, pues estiman que tendrá un coste de 844 millones de euros. En el informe detallan que esta cifra responde a que en 2024, las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes, doctores y profesorado permanente “por un importe estimado de, al menos, 400 millones de euros”; y a que “el horizonte de 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla, supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones euros”. Incluyen un importe adicional de 195 millones de euros derivado de los costes de la Seguridad Social de los docentes, ya que hasta ahora habrán sido asumidos por el Estado, ya que los funcionarios jubilados cotizaban a MUFACE.

La Conferencia de Rectores subraya que “los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes, y los presupuestos de los ejercicios siguientes financiar la totalidad del coste inducido por la aplicación de las disposiciones de la LOSU”.

Falta de equidad entre comunidades autónomas

La CRUE también denuncia en su informe que “a pesar del esfuerzo de gasto en política universitaria de las diferentes Comunidades Autónomas registrado en las últimas décadas, el gasto por estudiante sigue presentando diferencias de 57 puntos porcentuales entre ellas”. Explican que la desigualdad territorial en esta materia se ve agudizada por las diferencias de financiación entre lo que pueden destinar las regiones, que se encargan de un 77% del gasto total, de manera que para ofrecer servicios universitarios equivalentes, se ven forzadas a invertir en gasto universitario una mayor proporción de su renta disponible. Para lograr la “equidad” a la que alude la LOSU, piden la inversión de en 1.350 millones de euros.