
— ¿Quién es?
— El propietario, esta es mi casa.
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— Eso es imposible.
Michael, que tiene nombre inglés pero es español, tiene que acudir en enero a juicio por usurpar una vivienda. Este hombre de 38 años despertó una mañana en mitad de un conflicto sorpresa, con varias personas echando abajo la puerta de su casa recién alquilada. La vivienda se la arrendó un hombre que desapareció con el dinero y la verdadera propietaria le desahució sin orden judicial ni presencia policial, una ilegalidad al estilo Desokupa originada por la precariedad fruto del precio de la vivienda en España.
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Este madrileño, que sufre de trastorno conversivo y necesita silla de ruedas, se tuvo que buscar la vida con prisa después de que su casero le notificara con solo un mes de antelación que debía abandonar la vivienda que habitaba. Las prisas y la urgencia llevaron a este hombre a elegir con apremio la única oferta que podía aceptar. Un hombre le ofrecía, sin contrato, una vivienda por 5.000 euros de forma indefinida. Una oferta que no dudó en aceptar para salir del apuro.
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“Me echaban de la vivienda porque el propietario la quería vender. El anterior casero me avisó con solo un mes y los precios en Madrid son muy caros”, reconoce el hombre, que no reúne las condiciones económicas necesarias para que las inmobiliarias le acepten como inquilino. “Un chico me dijo que tenía una casa, que él se iba del país y que si le daba 5.000 euros me quedaba yo en ella. En ese momento estaba tan desesperado que me veía en la calle con mi mujer, embarazada, y yo en silla de ruedas, así que lo cogí. Hablé con la familia porque no me quedaba plazo y reuní el dinero”. Todo resultó una estafa, el intermediario aprovechó que el piso estaba vacío y con una copia de la llave ofertó el piso a Michael, sin saber que la auténtica propietaria tenía el piso a la venta.
A los pocos días de llegar a la vivienda, con la compra recién echa y pen
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Se sintió vejado por el agente inmobiliariodiente de que su mujer llegara con varias cajas, una persona llamó a la puerta de su nuevo hogar. Era el auténtico propietario. “Eso era imposible. No quería abrir la puerta porque no sabía quiénes eran, les dije que llamaran a la policía”, recuerda Michael, invadido por el desconcierto de verse envuelto en un engaño. A los pocos minutos, los auténticos propietarios del piso estaban tirando la puerta abajo, sin policía que mediara, sin alternativa habitacional para Michael y su mujer.
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Durante la operación, un agente de Mapfre y la verdadera propietaria (tal y como reza la denuncia a la que ha tenido acceso Infobae) tiró la puerta abajo y en la trifulca, Michael acabó en el suelo. Su silla de ruedas quedó destrozada y no había Policía ni autoridades que frenaran los pies de un desahucio ilegal a un hombre que había sufrido una estafa. Cuando llegó la Guardia Civil nadie frenó el desahucio, y Michael acabó en el cuartel con un ataque de ansiedad., humillado por los guardias civiles, ignorado por Servicios Sociales, estafado por un desconocido, pero también por el sistema. “Me ha llegado una carta de que tengo un juicio por usurpación el próximo 11 de enero en el juzgado de Villalba”, denuncia el hombre, que ahora vive con su hermana, pero tendrá que abandonar la vivienda el 31 de diciembre, fecha final que ha dado el actual casero para que abandonen el piso.
Problemas derivados del precio de la vivienda en España
“Nos parece grave que un agente inmobiliario derribe una puerta para ejecutar un desahucio por su cuenta”, denuncian desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, que ha ayudado a Michael en la denuncia de su caso. No es el primer caso de estafa que les llega. Con relativa periodicidad, florecen casos de personas en casos extremos que, ante la posibilidad de acabar en la calle, cierran contratos sin garantías y acaban siendo okupas de pisos que pensaban, eran contratos legales. “Hemos tenido varios casos así, no es el primero que veo. Los casos que conozco son personas migrantes, gente que no tiene techo... Les ofrecen cosas que no pueden rechazar” explica Guillermo, parte de la organización.
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El precio de la vivienda en España no deja de subir (en el último trimestre ha crecido un 4,5%) y la ley de vivienda diseñada por el último Gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado sin efecto al depender de las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP y decididas a hacer la oposición en todas sus fórmulas. Aunque los desahucios han bajado un 26% en los últimos meses, las garantías y la protección a los inquilinos sigue siendo una de las demandas principales de los movimientos sociales y los partidos políticos progresistas.
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