El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado en un auto la apertura de juicio oral a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por el caso Mascarillas, la presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos al inicio de la pandemia de la covid, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha que aún no se ha concretado.
Según consta en el auto de apertura de juicio oral, el juez atribuye finalmente a Luceño por un delito continuado de estafa agravada, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. A Medina, por su parte, le imputa un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
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Por estos delitos la Fiscalía pide un total de 15 años de prisión y una multa total de 5,6 millones de euros para Alberto Luceño, mientras que para Luis Medina solicita una pena de nueve años de cárcel y 450.000 euros. En su escrito de acusación, el ministerio público también reclama una indemnización millonaria en favor de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital, acusación en el procedimiento, solicita que Luceño sea condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 600.000 euros, mientras que para Medina pide nueve años y 450.000 euros, así como que ambos indemnicen conjuntamente a la Empresa de Servicios Funerarios con 7,9 millones de euros.
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24 horas para entregar casi ocho millones de euros
El magistrado Adolfo Carretero concede a los dos acusados un plazo de 24 horas para que aporten 7.852.579,72 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño causado a dicho departamento del consistorio madrileño, que fue el que adelantó el dinero a los dos comisionistas para la compra de material sanitario. Además, Alberto Luceño deberá abonar de forma particular un total de 1.351.386,20 euros por el presunto fraude a la Hacienda Pública.
En su auto el juez también acuerda el embargo de los bienes de los acusados hasta alcanzar los 4.623.350,05 millones en el caso de Alberto Luceño y los 912.700 euros en el caso de Medina. Estas cantidades serán destinadas al pago de la responsabilidad civil en caso de que finalmente resultasen condenados.
La resolución judicial, contra la que no cabe recurso de las partes, se produce después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando la instrucción desarrollada por el magistrado Adolfo Carretero.
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