Ayuso resucita la Ciudad de la Justicia: 660 millones para unificar (por fin) todos los juzgados

Esta vez, sí. El proyecto ‘maldito’ de los últimos Gobiernos madrileños verá por fin la luz. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido licitar un contrato por un importe máximo de 660 millones de euros para construir, de una vez por todas, la ‘Ciudad de la Justicia’, el complejo que unificará en Valdebebas todos los órganos judiciales que actualmente están desperdigados por todo Madrid. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ya ha empezado a redactar el anteproyecto de obras para poder adjudicar los trabajos en 2024, asumiendo el coste de los mismos de manera directa a través de los presupuestos generales de la región.

El proyecto ha pasado por todo tipo de vicisitudes. Primero lo intentó Esperanza Aguirre en 2005. Entonces se llamó ‘Campus de la Justicia’. Pero la crisis se llevó por delante el sueño de la entonces lideresa madrileña y en 2010 se abandonó una idea que se comió por el camino 130 millones de euros y que solo dejó un edificio construido (con forma de donut) que se utiliza hoy como anatómico forense. El proyecto fue tan descabellado y supuso tal despilfarro para lo realmente conseguido que acabó en una comisión de investigación en el Parlamento madrileño y en una instrucción judicial en la Audiencia Nacional que ha conllevado el procesamiento por corrupción de un exconsejero de Aguirre y otras cinco personas.

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El sucesor de Aguirre, Ignacio González, intentó retomar el proyecto en 2015, ya bautizado como ‘Ciudad de la Justicia’, adjudicando las obras a una alianza formada por OHL y Acciona. Pero la sucesora a su vez de González, Cristina Cifuentes, lo paralizó todo y tumbó la licitación. Ironías del destino, la ‘Ciudad de la Justicia’ acabó en manos de la justicia, iniciándose varios años de pleitos hasta que el Tribunal Supremo dio la razón a la Comunidad de Madrid en 2020.

Ayuso, ya en el poder, intentó resucitar de nuevo el proyecto mediante un sistema de concesión: las empresas constructoras asumían los costes de las obras y a cambio recibían un canon durante 40 años. Pero no pudo ser. Los dos procesos que se abrieron quedaron desiertos. Ninguna empresa pujó. La Comunidad de Madrid tomó nota y sabe que con el contexto actual (subida de los precios de materiales, de la inflación y de los tipos de interés) la única opción viable para resucitar el proyecto es adjudicar un contrato y asumir el coste de manera directa. La Comunidad ofrece 660 millones, pero espera que los licitadores que se presenten reduzcan el precio.

Ya está todo planificado. Actualmente, hay 28 sedes por todo Madrid que albergan 374 órganos jurisdiccionales y que suponen cada año para las arcas públicas unos gastos de 40 millones de euros en alquileres y otros 34 millones en contratos de mantenimiento, seguridad y consumos energéticos. Todas estas sedes se unificarán en 10 nuevos edificios (más el Instituto de Medicina Legal ya construido) que se levantarán en los terrenos que la Comunidad ya tiene en Valdebebas. El complejo ocupará 236.475 metros cuadrados en superficie y otros 199.000 metros cuadrados bajo rasante con varios aparcamientos.

Las obras se dividen en varias fases. La primera comenzará a principios de 2025 con el inicio de la urbanización del complejo y la edificación de espacios comunes como cafeterías, zonas verdes, áreas de descanso y un gran parking público. En esta primera fase se construirán cuatro edificios que albergarán la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia.

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La fase segunda comenzará a finales de la legislatura, finales de 2026 y principios de 2027. En ella se levantarán dos edificios que albergarán el resto de la jurisdicción civil: 19 juzgados de lo mercantil, 49 de lo social y 34 de lo contencioso-administrativo. Las fases 3 y 4 se ejecutarán en la siguiente legislatura. En ellas se construirán tres edificios para los órganos penales (54 juzgados de instrucción, 37 penales, 11 de violencia sobre la mujer, siete de menores y seis de vigilancia penitenciaria), además de otros inmuebles para la Fiscalía y el Archivo Judicial Territorial.

El objetivo es que todo esté finalizado en 2030-2031. “Tenemos un plan, un objetivo y la ambición para llevarlo a cabo”, explican fuentes de la consejería de Justicia. El proyecto convertirá a la Administración judicial madrileña en más accesible (al concentrar todas las sedes), en más moderna (con nuevas instalaciones) y en más eficiente (al ahorrar en contratos de alquiler y reducir los de mantenimiento). Además, el nuevo complejo incrementa el espacio judicial que actualmente hay en Madrid en un 50%, “pensando siempre en futuros crecimientos”. El fin del proyecto coincidirá además con las nuevas redes de transporte que darán servicio a la ‘Ciudad de la Justicia’, la ampliación de la Línea 11 de Metro y la construcción del intercambiador de Valdebebas.