Ayuso paga 700.000 euros a un bufete para litigar contra 2.300 okupas y 8.000 morosos de pisos públicos

La Comunidad de Madrid acaba de adjudicar un contrato al bufete Olmo Abogados SL para que le ayude a solucionar el problema de morosidad y okupación que afecta a la Agencia de Vivienda Social (AVS), organismo público encargado de la promoción de vivienda protegida en la región. Actualmente, el patrimonio de la AVS es de 45.982 inmuebles. De estos, 23.156 son pisos, 19.232 son plazas de garaje, 1.326 son locales comerciales y 2.268 son trasteros.

De las poco más de 23.000 viviendas, 2.338 están okupadas irregularmente (es decir, un 10%). Además, la morosidad de adjudicatarios que no pagan el alquiler alcanza ya la cifra de 8.000 deudores que deben a las arcas públicas unos 65 millones de euros. Por ello, la Consejería de Vivienda y Transportes, de la que depende orgánicamente la AVS, decidió licitar este contrato de “defensa jurídica” que se formalizó el pasado 19 de septiembre por un importe de 703.800 euros.

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El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso cree que, con esta externalización, “se podrá reducir significativamente la morosidad de inquilinos y el número de ocupantes ilegales. Con ello, se pone de manifiesto ante la ciudadanía el compromiso de la Agencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los inquilinos, poniendo en valor el comportamiento de aquellos que pagan rigurosamente sus recibos”.

La memoria justificativa del contrato refleja que las okupaciones ilegales “no solo implican un enorme deterioro del patrimonio de la AVS con un gasto extra derivado de enganches ilegales y comportamientos indebidos, sino que también conlleva una situación anómala, cuyos principales perjudicados son los restantes inquilinos, que ven alterada en muchas ocasiones la pacífica posesión de sus inmuebles y la conservación y disfrute de las instalaciones comunes de las promociones”. Además, una okupación conlleva que esa vivienda no puede ser adjudicada a un futuro inquilino que, cumpliendo los requisitos, se ha apuntado a la lista de espera de la AVS.

En cuanto a la morosidad, desde la Agencia reconocen que “es frecuente que muchos de los adjudicatarios tengan contraídas deudas por impagos de rentas y cuotas de comunidad, así como por impago de las cuotas en caso de ventas aplazadas. Igualmente, se producen impagos en los arrendamientos de locales y plazas de garajes no vinculadas a viviendas”. En estos casos, la Comunidad de Madrid tiene establecido un protocolo de actuación con el objetivo de reclamar las cantidades adeudadas mediante planes de pago que incluyen el fraccionamiento de recibos. “Debido al carácter social de la Agencia, el desahucio se contempla como la última alternativa, especialmente en el caso de que la deuda contraída sea de una vivienda”.

La Agencia recalca que intenta evitar, en los casos de morosidad, el procedimiento judicial, pero que el nivel de deuda es ya tan “elevado” que en muchos casos “no se consiguen los resultados deseados”, por lo que se hace necesario acudir a los tribunales. Ahí entra el nuevo bufete contratado que, según indica su propia página web, es experto en derecho inmobiliario y civil. Infobae España ha intentado, sin éxito, hablar con el equipo de abogados que se encargará de esta nueva labor.

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Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y portavoz en temas de vivienda, señala que este contrato evidencia “el desastre en la gestión del PP y el abandono del patrimonio público” y recalca que la Agencia de Vivienda Social es un gran tenedor de vivienda pública, por lo que “la ley le obliga a llevar a cabo procedimientos de conciliación” antes de ejecutar desahucios. “Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid son quienes tienen que acreditar o no concurrencia de la vulnerabilidad económica de esos inquilinos”. Y en el caso de que finalmente se ejecute un desalojo “hay que garantizar que la vivienda que se queda libre se adjudica inmediatamente y no se deja vacía”.

Desde el PSOE creen que este trabajo legal lo tenía que hacer el servicio jurídico de la Comunidad de Madrid, no mediante un contrato que cuesta 700.000 euros. “La pregunta es cómo se ha llegado a esta situación, cómo ha permitido la Agencia de Vivienda Social tener más de 2.800 inmuebles ocupados. Lo que habrá que analizar ahora es ver si esos inquilinos viven en condiciones de vulnerabilidad y necesitan una respuesta habitacional”, señala la diputada Cristina González, que recuerda que lo que “tiene que hacer la Agencia es construir vivienda protegida y no hacer caja con ella vendiendo pisos públicos”.