Desde que se estrenase en Netflix el pasado mes de septiembre, la serie El cuerpo en llamas no ha hecho más que generar revuelo. La producción basada en el histórico Crimen de la Guardia Urbana ha devuelto el foco a Rosa Peral, la mujer condenada por el asesinato de Pedro Rodríguez a 25 años de cárcel. Su estancia en prisión, sin embargo, no había impedido que realizara declaraciones con respecto al estreno de la serie, en la que ella es protagonista absoluta y está interpretada por la actriz Úrsula Corberó. Peral llegó incluso a pedir una indemnización en virtud de sus derechos de imagen y una supuesta vulneración de su honor, pero ningunas de sus demandas han llegado de momento a buen puerto.
Sin embargo, todos estos movimientos por parte de la condenada tampoco pasaron desapercibidos en su centro penitenciario en Tarragona, donde no sentó nada bien el aluvión de llamadas y entrevistas con los medios, así como el hecho de que Peral revelase a cuanto ascendía el sueldo que estaba percibiendo dentro de la prisión. Pero la gota que colmó el vaso fue saltarse las normas al aceptar las preguntas del programa radiofónico El matí de Catalunya Ràdio con Ricard Ustrell después de que el departamento correspondiente de la prisión lo hubiera prohibido expresamente.
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Peral fue entonces castigada, y la sanción propuesta por la Junta de Tratamiento del centro penitenciaro Mas Enric, fue la de castigar a la catalana “restringiéndole las visitas presenciales porque su sobreexposición a los medios podría perjudicar a su proceso de reinserción”, tal y como señalaba el diario El País. Esto ha hecho que durante casi dos semanas, Peral solo ha podido recibir la visita de parientes de primer y segundo grado. Estaban incluidas además las visitas en locutorio y los vis a vis. Eso sí, ya se advirtió de que este castigo también podría reducirse dependiendo de la evolución y del comportamiento de los días posteriores.
Una medida temporal
Es por ello que el castigo al que se enfrentaba Peral finalizó este miércoles. La consejería de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha levantado la restricción de llamadas a la condenada, y diversas fuentes confirman que se trataba de una sanción temporal y que se ha retirado una vez “se ha considerado que la situación ha vuelto a la normalidad al bajar la atención mediática sobre el caso”.
Para hacernos una idea, habitualmente los presos pueden hacer un máximo de veinte llamadas por semana a un máximo de diez números de teléfono, siempre y cuando estos números figuren en una lista de contactos que previamente deberán de haber facilitado al centro y que debe estar compuesta de familiares, amigos y demás allegados.
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Parece que Peral habrá aprendido la lección y no seguirá prestando la misma atención a los medios que con el estreno de la serie, que fue la que agitó todo un poco más. Hay que señalar que los presos no tienen prohibido como tal hablar con los medios de comunicación, pero sí hacerlo sin el conocimiento del centro y no en el locutorio de la prisión y por escrito, sin que haya ningún tipo de grabación audiovisual, como fue el caso.
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