La amnistía que piden los independentistas, una herramienta que parecía descartada y ha revivido por la nueva aritmética parlamentaria

“Los principios generales del Derecho nos dicen que en la Constitución cabe todo lo que no se prohíbe”, ha expresado en más de una ocasión el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Pallín ha mantenido que la amnistía “es un instrumento perfectamente constitucional”, “siempre que emane de Las Cortes Generales”, es decir, del Congreso de los Diputados, del órgano de representación de la soberanía nacional. No obstante, otros juristas plantean dudas sobre su constitucionalidad y apuntan al artículo 62 de la Carta Magna. En el citado apartado se especifica la prohibición de un indulto generalizado, cuestión que comparan con la amnistía, aunque jurídicamente, según Pallín, son instrumentos diferentes.

La amnistía que plantean en las negociaciones para la investidura los diputados de Junts per Catalunya tiene como objetivo zanjar el procés y dejar sin efecto los procesos judiciales iniciados a partir de los acontecimientos de octubre de 2017 en relación con la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre.

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Principalmente, la amnistía beneficiaria a los líderes políticos fugados. Carles Puigdemont podría volver a España, al igual que Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, consellers de aquel Govern de la Generalitat que ahora se encuentran en Bélgica. Ponsatí, desde la aprobación de la reforma del Código Penal, que acabó con el delito de sedición y reformó la malversación, ha regresado a España en varias ocasiones, aunque sigue viviendo en la capital europea.

Amnistía e indulto

En 2021, los partidos independentistas registraron una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, en aquella ocasión, los letrados del Congreso aconsejaron rechazar la admisión a trámite de la ley, que sería un indulto generalizado, lo que supondría una “contradicción palmaria y evidente” a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución. Tal y como apuntaban los letrados en aquella ocasión, la amnistía de 1977 se produjo antes de la aprobación del texto constitucional.

Con la Mesa del Congreso controlada por el bloque progresista gracias a los votos del PSOE y de Sumar con las fuerzas periféricas, los grupos nacionalistas e independentistas logran arrancarle a los socialistas una de sus reivindicaciones históricas, la capacidad de poder expresarse en alguna de las lenguas cooficiales del Estado. Las negociaciones se prolongaron hasta horas antes de la votación, alcanzando, finalmente, un acuerdo de mínimos. Condición indispensable para que echara a andar la legislatura y poder empezar a negociar la investidura.

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Tras la votación de la Mesa del Congreso de los Diputados, Carles Puigdemont apuntó que el apoyo a la socialista era tan solo puntual y que las negociaciones para el sí de los de Junts Per Catalunya a Sánchez se encontraban “en el mismo punto”.

Como demandas maximalistas, el expresident de la Generalitat mantiene la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación y la aprobación de una amnistía, una herramienta que implica el perdón de algunos delitos y que permitiría, según los de Junts, acabar con la judicialización del procés. No obstante, muchos expertos mantienen que durante la negociación, es posible que las demandas de ambas partes se rebajen, hasta llegar a un punto medio que permita a los actores implicados sacar rentabilidad al acuerdo.

¿A quién beneficiaría una futura amnistía?

A pesar de los antecedentes parlamentarios, en la sesión constitutiva de la XV legislatura, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en Funciones, Yolanda Díaz, mantuvo ante los medios que “ilustres juristas” ven la amnistía como “completamente constitucional”.

Además de Puigdemont, Marta Rovira, número dos de ERC, se marchó meses después del referéndum ilegal del 1 de octubre a Suiza, donde permanece huida. Sin embargo, al igual que Ponsatí, de regresar a España tan solo sería juzgada por un delito de desobediencia, que no está penado con penas de prisión, tan solo la inhabilitación.

En la carpeta de los retornados a suelo español figuran los nombres de la exconsellera Meritxell Serret, que volvió a España en 2021 y fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, mismo cargo por el que se juzgó a la diputada de la CUP, también huida, Anna Gabriel, que volvió en 2018.

La amnistía, de salir adelante, también beneficiaría a más de 40 altos cargos de aquel gobierno autonómico, entre ellos 21 personas que pertenecen o a ERC o a Junts per Catalunya. Estas cuarenta personas no se vieron beneficiadas de las reformas de sedición y malversación pactadas entre el PSOE, Podemos y ERC.

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Los Comités de Defensa para la República, puestos en marcha inmediatamente después de la celebración del 1-O, también están siendo investigados por la justicia española y previsiblemente podrían beneficiarse de la futura amnistía. La Audiencia Nacional tiene abiertos casos relacionados con estos grupos, los cuales están siendo investigados por organización terrorista, después del hallazgo de la Policía de la preparación de explosivos.

La Audiencia Nacional también se encuentra investigando el papel de ‘Tsunami Democrátic’, el movimiento responsable de la organización de las protestas masivas, en 2019, en Cataluña, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. En aquellas manifestaciones, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo arrestos que estos meses están siendo juzgados por los tribunales catalanes. Los acusados, tal y como pide la Fiscalía, se enfrentan a penas de prisión de 14 años.

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