La jornada postelectoral se complica para el bloque de izquierdas. En un momento en el que si Pedro Sánchez quiere revalidar su Gobierno de coalición con el apoyo de los partidos catalanes, la Fiscalía ha pedido al juez Pablo Llarena que emita una orden de busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont, figura clave para su posible investidura, y también de Toni Comín, su exconsejero, “por si fuera necesario tramitar la solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega”. Tras conocer la noticia, Puigdemont ha acusado al Estado de “ordenar” su arresto. “Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto”, ha señalado en un tuit de este lunes.
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Esto sucede justo el mismo día los Mossos han detenido a la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí y después de que una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retire la inmunidad de los europarlamentarios, dando así vía libre así al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes. Los fiscales piden a Llarena que actué contra Puigdemont y Comín por delitos de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
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Esta sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, pero el recurso no tiene efecto suspensivo. Es decir, teniendo en cuenta la situación personal de ambos —huidos de la justicia y en rebeldía—” resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023″, asegura la Fiscalía.
La justicia española puede dictar órdenes de detención y entrega
En ese auto, dictado tras la reforma del Código Penal que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez por la que suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación, Llarena adaptó la imputación de Puigdemont y Comín y la limitó a los delitos de malversación y desobediencia.
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La Fiscalía sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE. Es decir, la justicia española puede dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.
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