Los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación debían ser dados de alta en la Seguridad Social a partir del 1 de octubre de 2023 según lo dispuesto en la segunda parte de la reforma de las pensiones. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una moratoria a esta fecha a través del séptimo real decreto-ley de medidas anticrisis y lleva ahora el inicio de la cotización de los becarios al 1 de enero de 2024.
Según afirman fuentes del Ministerio de Seguridad Social, dado que las prácticas formativas “suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos”. Por otra parte, el real decreto también amplía de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad.
Esta decisión se produce después de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) pidiera en una carta enviada el pasado 15 de junio al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, demorar un año la entrada en vigor de la medida, aunque “lo deseable sería la derogación”, en su opinión. Los rectores alegaron que habría empresas e instituciones que “no asumirían las obligaciones económicas ni de gestión que suponen estas cotizaciones” y lo tendrían que hacer las universidades. De manera que las universidades se estarían “viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas no remuneradas, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse”, afirmaron.
Las cotizaciones por contingencias comunes están bonificadas
La disposición adicional que regula la cotización de los becarios en la reforma de las pensiones obliga a dar de alta a los alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas de grado, máster, doctorado y títulos propios, ya fueran estas prácticas remuneradas o no. En cambio, dar de alta en la Seguridad Social sí es obligatorio para los becarios remunerados desde 2011.
Según el texto de la disposición, el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social por tener becarios corresponde a “la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen” las prácticas, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que se suscriba “se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa”.
Entre las obligaciones están las altas y bajas y la cotización por contingencias comunes, aunque esta tiene una alta bonificación, según lo detallado en la reforma de pensiones e inciden fuentes del Ministerio de Seguridad Social: “Será a coste prácticamente cero ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%”.
CCOO y UGT creen que es un incumplimiento “inaceptable”
La cotización de los becarios fue acordada con los sindicatos CCOO y UGT y beneficiaría, según sus cálculos, a 970.000 estudiantes de FP y a más de 1.200.000 estudiantes universitarios. Tras conocer la prórroga, los sindicatos han criticado duramente al Gobierno por suponer “un inaceptable incumplimiento de compromisos contraídos en el seno del diálogo y la concertación social”, según han detallado en un comunicado conjunto. Consideran además que “el coste de estas medidas es ridículo” debido a las bonificaciones, que supondrían “cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos”.
En su opinión, esta decisión es una “inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas y educativas” que “se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos reconocidos para las personas más jóvenes”. De hecho, también han rechazado con rotundidad el conocido como Estatuto del Becario, ya que CRUE considera que las prácticas son un asunto “exclusivamente académico” y que la compensación obligatoria de los gastos tendría una “consecuencia inmediata” de “disminución dramática del número de empresas y de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”.
Esta norma, firmada por UGT y CCOO con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es tan solo un borrador de decreto a día de hoy y tiene pocos visos de terminar aprobándose por el rechazo de la parte socialista del Gobierno, algo que también afean las organizaciones sindicales en su comunicado e instan a que se apruebe.
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