“Democratizar las empresas”, este es uno de los eslóganes más repetidos en los últimos días por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al desgranar parte del programa electoral de su proyecto político. La líder de Sumar señaló este jueves que la organización empresarial “es muy jerarquizada” y que las empresas “son autoritarias”. En su opinión, la forma de cambiarlo es “abriendo la participación de su gestión a los trabajadores”.
Fuentes cercanas a Díaz concretan que en la propuesta se incluye legislar la “participación de las personas que trabajan en las empresas en sus consejos”, medida que respaldan en el artículo 129.2 de la Constitución Española. En concreto, la carta magna contempla que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
La única forma de participación de los trabajadores en las empresas legislada hasta el momento en España de manera genérica son los delegados de personal y los comités de empresa, que representan a los empleados de una empresa o centro de trabajo de entre 10 y 50 trabajadores en el primer caso y a los de las empresas de más de 50 trabajadores en el segundo. No obstante, hay algunas excepciones que van más allá. Las empresas de la economía social, como son las cooperativas y las sociedades laborales, sí permiten participación de sus trabajadores en los consejos de administración, algo que también sucede en empresas públicas como Adif o Navantia.
La propuesta de Sumar va en la línea de desarrollar la llamada “cogestión” y que esta repercuta en “generar mayor valor añadido” y en “aumentar la productividad”. También incide en que las empresas cumplan con la paridad de género en sus estructuras, con la responsabilidad social, criterios éticos y medioambientales y con “respeto a los consumidores”.
Aunque la vicepresidenta ha retomado esta idea de manera pública recientemente, ya la puso sobre la mesa en mayo de 2022, cuando llegó a anunciar que el Ministerio de Trabajo conformaría una comisión de expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que se abordaría la “gran reforma empresarial” pendiente. Ninguno de estos dos asuntos han llegado a desarrollarse ni a negociarse en el diálogo social con sindicatos y empresarios durante la legislatura y por eso ahora se retoman en el programa electoral de Sumar.
Abrir los consejos de administración a los trabajadores es una reivindicación histórica de CCOO. Su fundador y líder durante durante 12 años, Marcelino Camacho, también diputado durante cuatro años, denunció que “la democracia se ha quedado a la puerta de las empresas” cuando se aprobó el actual Estatuto de los Trabajadores. Idea que ahora retoma Díaz: “El Estatuto del Trabajo tiene tintes todavía autoritarios”, ha asegurado en su intervención en las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
Experiencias en Alemania y Suecia desde el siglo pasado
La propuesta de Sumar se fija en las legislaciones ya existentes en Alemania y Suecia, países en los que “llevan muchos años con la participación de los trabajadores en los consejos de las empresas con muy buenos resultados”, afirman desde Sumar. El país germano aprobó una ley de cogestión en 1976 aplicable a sociedades de capital privado, más allá de los sectores estratégicos del carbón, el metal y el acero, que ya se encontraban cubiertos por un sistema de este tipo desde 1951.
Según detalla la publicación de CCOO Democracia, economía y empresa, que recoge artículos de expertos en la materia, la ley alemana permite una representación en el consejo de administración “cuasi-paritaria” de trabajadores y accionistas, ya que la presidencia del consejo, con voto cualificado en casos de empate, permanece en manos de los accionistas, lo que impide el bloqueo de decisiones por parte de los representantes del trabajo. No obstante, los consejos de empresa alemanes tienen derechos de información sobre cualquier decisión empresarial, por lo que el empresario no puede actuar sin el consentimiento del consejo en todo lo relativo a la organización del trabajo, jornada laboral, estructura salarial, etc.
En Suecia existen por una norma de 1984 los denominados Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores que se alimentan con parte de los beneficios de las empresas para reinvertirse en las mismas. Además, los consejos de empresa tienen una elevada representación de los trabajadores al asistir a las reuniones tanto los que tienen derecho a voto como sus reemplazantes.
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