La guerra que salpica al Gobierno: las VTC piden sanciones a Europa y el taxi amenaza con protestas

Hay una guerra que se libra en las carreteras españolas: las VTC contra el taxi, el taxi contra las VTC. Y en medio de la batalla, el Gobierno, que empieza a concentrar la ira de ambos bandos. Por un lado, las dos principales asociaciones que representan al sector de alquiler de vehículos con conductor, Unauto y Feneval, han enviado una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedirle que interceda ante el Ejecutivo central y le recuerde que Europa puede abrir “un procedimiento de infracción contra España” si pone en marcha iniciativas legislativas contra las VTC que, en teoría, también van en contra de los intereses de las VTC.

Por otro lado, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) había advertido al Gobierno de que volvería a movilizarse este jueves 22 de junio en Madrid ante la “inacción del Gobierno” que está permitiendo que se soliciten “miles de autorizaciones de VTC a diario”, pero ha aplazado la manifestación al 29 de junio tras las reuniones con el Ministerio de Transportes.

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La clave está en la sentencia que acaba de dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha 8 de junio de 2023. Según la justicia europea, limitar el número de licencias VTC en función del número de taxis que hay (una VTC por cada 30 taxis) atenta contra el derecho europeo de libre establecimiento. Es decir, es una “restricción injustificada, desproporcionada y discriminatoria”.

Este ratio 1/30, teórico, ha intentado mantener la balanza entre el taxi y las VTC, aunque los datos demuestran que no se cumple. Actualmente hay en España 60.302 licencias de taxi por 18.490 licencias de VTC, es decir, una VTC por cada 3,2 taxis (datos de junio de este año). ANTAXI pide amparo al Gobierno para que la situación no cambie irreversiblemente, ya que hay “más de 130.000 licencias de VTC a la espera, 20.000 de ellas en Madrid”.

Los taxistas piden al Gobierno que modifique urgentemente la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), incluyendo parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que también permite limitar la autorización de licencias por razones de interés público, como la ordenación del tráfico, la seguridad vial y por motivos medioambientales. “Confiamos en la voluntad del Gobierno para atajar esta situación y evitar las complicaciones derivadas de las manifestaciones que, aunque pueda parecer lo contrario, son el último recurso para el taxi y solo una muestra de la desesperación de un sector que solo pide poder trabajar con sus derechos garantizados”, explican desde ANTAXI a la hora de argumentar las protestas ya celebradas y las que están por llegar.

Las VTC piden, por su parte, amparo a Europa, ya que entienden que el Gobierno trabaja en un Real Decreto-Ley (que no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares y empresas) que tendría como objetivo “mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual es muy preocupante para nuestra industria considerando que, en el pasado, la presión de los taxis siempre ha precedido a restricciones desproporcionadas e ilegales a la actividad de los VTC”, explican desde la patronal.

“No sólo nos parece indignante que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al Tribunal, sino también el hecho de que se esté llevando a cabo la negociación para imponer nuevas restricciones a los VTC exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales (23 de julio), sin siquiera escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta francamente incomprensible. Ello demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC”, reza la misiva enviada a la comisaria europea.

Las VTC se quejan de que en los últimos años toda regulación ha generado unas reglas de juego desiguales y unas condiciones operativas desproporcionadas para el sector, “con el único propósito de proteger a la industria del taxi”. Por ejemplo, los tiempos mínimos de pre-contratación obligatorios, la prohibición de geolocalización, los requisitos de longitud mínima para los vehículos, un registro electrónico propiedad del Gobierno al que se deben comunicar todas las hojas de ruta de los VTC antes de que comience cada viaje, y algunas formas de obligaciones de retorno a la base, entre otros, deben ser derogados.

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