Un exconsejero madrileño, citado a declarar como testigo por los protocolos de residencias

Madrid, 11 jun. Un Juzgado de Madrid ha citado a declarar en calidad de testigos el próximo jueves al exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero y a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para aclarar su relación con los protocolos de no derivación de mayores ingresados en residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.

Los dos ex altos cargos son el ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes.

Es la segunda vez que Reyero y Mur son llamados a comparecer ante la Justicia en relación con los protocolos y con las decisiones que se tomaron en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria de la covid-19, tras ser citados por primera vez el pasado 23 de marzo por otro Juzgado que investiga hechos similares.

Alberto Reyero (Ciudadanos), que presentó su dimisión como consejero del primer Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid el 2 de octubre de 2020, denunció la situación de las residencias en la primera fase de la pandemia y calificó los protocolos de Sanidad de "poco éticos y posiblemente ilegales".

Carlos Mur firmó los polémicos protocolos que excluían a los mayores de la derivación de las residencias a los hospitales según su grado de dependencia en los primeros meses de la pandemia.

Yolanda Fuentes dimitió del cargo el 7 de mayo de 2020, por estar en desacuerdo con la decisión del Gobierno regional de pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de una querella interpuesta por varias familias de fallecidos entre marzo y abril de 2020 en las residencias Adolfo Suárez, en el distrito de San Blas; Amavir, en Arganzuela, y Río Salud, en el municipio de Las Rozas, aunque en este último caso se ha inhibido en favor de los Juzgados de Majadahonda.

Los afectados denuncian la existencia de posibles indicios de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber del socorro, trato vejatorio y prevaricación.

Los querellados son las directoras de las residencias y las doctoras de dos de ellas por entender que no se prestó la debida atención a los residentes, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por considerar que son los responsables de los protocolos de no derivación de residencias a hospitales.

El abogado de los querellantes, Andrés Ollero, ha explicado a EFE que les preguntará si se solicitó la medicalización de las residencias, si se pusieron en contacto con geriatría de los hospitales de referencia y si desde las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales se enviaron facultativos de Atención Primaria a las residencias.

El presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, Miguel Vázquez, se ha mostrado satisfecho porque "algún Juzgado parece estar dispuesto a investigar a fondo lo que pasó en las residencias durante la pandemia". EFE

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