Separarse y no poder pagar un alquiler, el drama de muchas familias monomarentales: “No me quedó otra que ocupar un piso, me veía con mi hijo en la calle”

María López, una mujer de 36 años que trabaja como limpiadora, pasó de compartir un alquiler en Barcelona con su pareja a no saber dónde vivir tras la separación. Con un hijo pequeño a su cargo y unos ingresos insuficientes, no encontró una vivienda asequible y, según relata a Infobae, “no le quedó otra alternativa” que ocupar un piso para no quedarse en la calle, un inmueble que pertenecía al BBVA. En ese momento tenía un contrato de dos horas diarias, aunque “trabajaba muchas más”, de modo que la prestación por desempleo que recibió fue muy baja y no pudo afrontar las mensualidades del alquiler tras separarse.

“Nadie me ayudaba y me veía en la calle con mi hijo [que entonces tenía 5 años]. Intenté negociar un alquiler con el banco, pero me dijeron que no negociaban con okupas”, explica. Su vida, sin embargo, dio un giro hace tres años, cuando después de muchas dificultades logró acceder a una vivienda en alquiler mediante el programa Re-Allotgem de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, con una renta de 180 euros mensuales. “Ahora puedo respirar tranquila”, asegura, porque “sería imposible alquilar algo en el mercado privado”.

López es una de las 48 mujeres de Barcelona y su área metropolitana que ha participado en el informe La feminización de la pobreza: La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial, elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, en colaboración con Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social. En él se evidencia cómo las dificultades para acceder a una vivienda asequible y las barreras de entrada al parque público impiden que algunas familias monomarentales en situación de vulnerabilidad puedan abandonar los programas de vivienda social.

Según Ignasi Martí, director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, muchas familias “quedan atrapadas entre un mercado de alquiler que no pueden pagar y unos recursos públicos cuyos requisitos no se ajustan a su situación”. “Los programas sociales pueden proporcionar estabilidad y acompañamiento, pero garantizar una salida hacia una vivienda asequible requiere una respuesta estructural y coordinada de las políticas públicas de vivienda y derechos sociales”, sostiene.

El estudio advierte que, incluso cuando las mujeres en situación de vulnerabilidad logran mejorar su situación laboral, siguen teniendo dificultades para abandonar los programas de vivienda social. Muchas familias monomarentales quedan atrapadas entre dos límites: no ganan lo suficiente para afrontar un alquiler en el mercado privado, pero tampoco cumplen los ingresos mínimos exigidos para acceder a parte de la vivienda de protección oficial. Por eso, añade el estudio, salir de los programas de vivienda “no depende solo del esfuerzo de las familias, sino de un sistema público que hoy ofrece respuestas fragmentadas”.

“Falta una red amplia de vivienda de inclusión social que combine alquileres asequibles con acompañamiento socioeducativo sostenido”, añade el informe, que también señala que, ante la falta de una respuesta pública amplia, las entidades del tercer sector y los ayuntamientos terminan cubriendo necesidades que deberían atender las políticas autonómicas y estatales de vivienda y derechos sociales.

Violencia machista

La violencia de género atraviesa una parte significativa de los relatos recogidos en el informe. Para muchas mujeres, separarse de su agresor no solo implica alejarse de la violencia, sino que también supone perder el hogar o tener que asumir por primera vez el alquiler y la crianza de los hijos con un único ingreso.

Así lo refleja el caso de Laura, una mujer de 56 años que llegó desde Bolivia a España en 2001 con el objetivo de trabajar y enviar dinero a sus tres hijos pequeños, que quedaron al cuidado de familiares. La emigración fue la salida que encontró ante una situación de violencia de género, precariedad económica y conflicto familiar con el padre de sus hijos.

Tras pasar por Madrid, se instaló junto a su hermano en Barcelona, donde durante años vivió en habitaciones compartidas y trabajó como empleada interna, sin posibilidad de una vivienda propia o estable.

El acceso a una vivienda se volvió más difícil cuando Laura y su hermano alquilaron un piso en el barrio del Congreso en la ciudad condal. Ella pagó la entrada y la fianza, aunque el contrato quedó a nombre de él. Cuando el hermano inició una nueva relación, su pareja la fue desplazando dentro de la vivienda hasta que Laura terminó en el sofá del comedor, mientras su antigua habitación era alquilada a otras personas. Más tarde, el padre de sus primeros hijos llegó a Barcelona y retomó la relación de forma temporal. Laura se quedó embarazada en un contexto de extrema precariedad, sin habitación propia y con graves complicaciones de salud. Una amiga la acogió con su bebé después del parto.

Su historia incluye nuevas mudanzas, habitaciones realquiladas y dependencia de redes informales, como familiares, amistades y una parroquia, para evitar quedar en la calle. La separación reciente de su última pareja, las secuelas de un cáncer de mama, la diabetes, los episodios de vértigo y la necesidad de acompañamiento para salir de casa aumentaron su vulnerabilidad. Solo la entrada al programa Pisos Buits de Hàbitat3 le permitió alcanzar una mínima estabilidad, tras más de dos décadas de “sinhogarismo encubierto”, si bien no ha conseguido eliminar las consecuencias físicas, emocionales y económicas acumuladas durante ese período.

Revisar ayudas y criterios

El informe sostiene que muchas ayudas y criterios de acceso a la vivienda todavía están pensados para hogares con dos ingresos o con una red de apoyo detrás, por lo que propone revisar esos baremos para no dejar fuera a quienes más apoyo necesitan.

También reclama una respuesta compartida entre las administraciones y las entidades sociales, ya que actualmente es el tercer sector quien interviene en muchas situaciones de emergencia y ofrece acompañamiento donde no llega la red pública. El objetivo, concluye el informe, es combinar medidas inmediatas con cambios de fondo que permitan a las familias monomarentales encontrar una vivienda y mantenerla sin quedar atrapadas en la precariedad.