La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

La magistrada destacó en su resolución que no consta ningún litigio previo acerca de la situación del inmueble y que el titular registral nunca instó cambios en el Catastro ni en la domiciliación del IBI

Plazas de aparcamiento numeradas con líneas blancas entre columnas de hormigón bajo la iluminación de un garaje subterráneo.
Un garaje subterráneo presenta plazas de aparcamiento vacías delimitadas por líneas blancas sobre el suelo de hormigón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una vecina de Barcelona obtuvo la propiedad de una plaza de parking que posee desde hace 50 años después de que el Tribunal de Instancia de Barcelona le diera la razón en un proceso de usucapión contra la empresa que figuraba como titular registral del inmueble y que nunca reclamó su uso. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, estima de forma íntegra la demanda presentada por Ángeles, nombre ficticio que aparece en el fallo, contra la firma Estímulo de la Propiedad S.A.

La demandante ejerció la posesión del inmueble, ubicado en el sótano de una finca de Barcelona, desde 1977 hasta la fecha de la sentencia. Según consta en el expediente, se trata de una participación indivisa de 230 de las 10.000 partes de la Entidad número Dos C de la finca, que otorga el derecho de uso sobre la plaza de parking identificada con el número cinco del sótano del edificio.

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La acción judicial se tramitó ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, con sede en la plaza número 13. El procurador José María Ramírez Bercero representó a la demandante, mientras que la empresa demandada no compareció en ningún momento del proceso.

Estímulo de la Propiedad S.A., titular registral de la finca ante el Registro de la Propiedad 7 de Barcelona, fue declarada en rebeldía procesal al no haber contestado la demanda dentro del plazo legal de diez días hábiles. La compañía tampoco se opuso en instancias previas al uso continuado del inmueble ni exigió en algún momento el cese de la posesión por parte de la demandante. La magistrada destacó en su resolución que no consta ningún litigio previo acerca de la situación del inmueble y que el titular registral nunca instó cambios en el Catastro ni en la domiciliación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

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El pago del IBI, prueba decisiva del dominio

Entre los documentos presentados por la parte actora figuran 52 recibos que acreditan el pago del IBI a cargo de la demandante desde 1994. La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la STS 516/2024, del 31 de marzo, para sostener que el pago de ese impuesto constituye “el más genuino de los actos de dominio”.

“La consideración como sujeto pasivo del IBI por el Ayuntamiento de Barcelona sin que Doña Ángeles se opusiera alegando la discrepancia con el titular registral del dominio pone de manifiesto su ánimo de poseer en concepto de dueña del inmueble”, señala la resolución judicial.

El fallo se sustenta en la Ley 5/2006, del Libro quinto del Código Civil de Cataluña, que regula la prescripción adquisitiva en sus artículos 531.23 a 531.29. La norma exige que la posesión sea pública, pacífica e ininterrumpida durante al menos 20 años para que opere la adquisición del dominio por esta vía.

La jueza concluyó que la demandante ejerció la posesión “en concepto de dueño, de manera pública, pacífica y continuada desde el año 1977”, lo cual supera en más de dos décadas el plazo mínimo que exige la legislación catalana para este tipo de reclamaciones.

El fallo ordena la inscripción registral

La sentencia declara a la demandante propietaria de la participación indivisa en disputa y ordena la inscripción de la finca a su favor mediante el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad 7 de Barcelona. El tribunal también condenó en costas a Estímulo de la Propiedad S.A., al estimarse íntegramente la demanda conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La resolución no es firme y admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona dentro de un plazo de 20 días desde la notificación.

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