El Banco de España propone reformas para reducir el paro estructural y alcanzar en riqueza a Europa

Introducir reformas para reducir el elevado paro de España y aumentar la baja productividad laboral son dos de las principales conclusiones del Informe Anual que publica este miércoles el Banco de España, que señala la solución de estas “deficiencias” como imprescindibles para que el país iguale en PIB per cápita a la media del área del euro, más allá de un necesario crecimiento sostenido y sostenible de la economía española en los próximos años. Según sus cálculos a partir de los datos de Eurostat, el proceso de convergencia de la economía española con la de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se ha revertido en los últimos años y la diferencia en renta por persona ha llegado a ser del 17% en 2022.

La distancia se ha agrandado tras la pandemia de Covid-19, ya que en 2019 la brecha negativa entre el nivel de PIB per cápita español y el de la UEM era del 13%, aunque la menor cifra se registró en 2005, con un 8,8%, debido a la bonanza económica de esos años y a un proceso de convergencia con la media europea iniciado en los años 80. No obstante, como se demostró posteriormente, aquella senda de crecimiento precedente a la crisis de 2008 “estaba asociada en gran medida a la acumulación de considerables desequilibrios macroeconómicos y financieros, no era sostenible”, avisa el supervisor bancario español en su informe. Desequilibrios que el país ha pagado en las dos décadas posteriores alejándose de la riqueza europea.

Según señala el Banco de España, el paro estructural continúa siendo una de las principales “deficiencias” de la estructura económica española pese al buen ritmo de creación de empleo de los últimos años. España registra una tasa de paro del 13,26% en el primer trimestre de 2023, el doble que en la Unión Europea, y casi la mitad de los desempleados de 2022 fueron de larga duración, con más de un año sin éxito en la búsqueda de un nuevo trabajo.

Este paro estructural produce una tasa de empleo “persistentemente baja” en comparación con la UEM, por lo que, en opinión del supervisor bancario español, “resulta indispensable” revisar el papel de las políticas activas de empleo y reformar las prestaciones por desempleo. Esta es, precisamente, la última gran reforma que le queda por hacer al Gobierno en el ámbito laboral en esta legislatura. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró hace unos días que el Ministerio de Trabajo presentará “de manera inminente” un borrador después de que CCOO reclamara negociar la nueva norma. Además, la reforma debería haberse implementado ya en 2022 para cumplir con los tiempos comprometidos inicialmente con Bruselas en el Plan de Recuperación.

En concreto, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, cree que “hay margen de mejora” en las prestaciones por desempleo y ha expuesto un análisis de la entidad en el que reduciendo un 5% la duración de dichas prestaciones y aumentando la cuantía mensual dos puntos porcentuales, crecería la probabilidad de encontrar empleo de los parados. Aclara que la reforma que señalan no debería afectar al grado de protección de las personas en desempleo, ya que “constituye una red de seguridad imprescindible en la economía española”.

Según el análisis de la entidad con datos hasta 2019, un cambio de este tipo en el diseño del sistema de prestaciones elevaría en 0,11 puntos porcentuales de media al mes la probabilidad de reincorporación al empleo antes de consumir la prestación. Siendo este impacto positivo “mayor para los beneficiarios con menos estudios y los de mayor edad”, añade el informe. La probabilidad aumentaría para los mayores de 55 años, los más afectados por el paro de larga duración, hasta casi los 0,14 puntos porcentuales.

Por el momento, ha trascendido poco de los términos de la reforma de las prestaciones que prepara el Gobierno, más allá de que servirá para simplificar el sistema asistencial español y facilitar un reconocimiento más ágil de las prestaciones a los servicios públicos de empleo, saturados en los últimos tiempos. Aunque se desconoce si la reforma tendrá objetivos de aumentar la reincorporación al empleo, el Banco de España recuerda que su previsión con las políticas actuales es que España cuente con una tasa de paro del del 12,7% en 2023 y del 12% en 2025 frente a las estimaciones más optimistas del Ejecutivo. Según el Programa de Estabilidad 2023-2026 enviado recientemente a la Comisión Europea, el Gobierno prevé un paro estructural del 9% en 2026 “gracias a la reforma laboral”.

En cuanto a la productividad, Gavilán detalla que son múltiples los factores que llevan a que sea más baja en España que en la UEM, siendo uno de los principales la reducida inversión en innovación. En el promedio del periodo 2000-2021, la ratio del gasto en I+D+i sobre el PIB se situó en el 1,2% de la economía española, 0,8 puntos por debajo de la de la UEM. Por ello, el Banco de España propone, además de incrementar la inversión, revisar los umbrales regulatorios que “desincentivan el crecimiento empresarial”, reducir el plazo de pago de las administraciones públicas, garantizar la unidad de mercado, fomentar la competencia y seguir ampliando las fuentes de financiación disponibles para las empresas.

Por otra parte, el informe insta a incrementar “el nivel de capital humano”, ya que los países europeos con mejores puntuaciones en el PIAAC en competencias matemáticas tienen, de media, 1 punto más de inversión en I+D+i y 10 puntos más de tasa de empleo que España, lo que equivaldría a que se podrían crear “más de dos millones de puestos de trabajo adicionales”. En esta tarea de incrementar la productividad y reformar la estructura económica de España serán cruciales los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, aunque según Gavilán “es muy pronto para evaluar la capacidad de estas reformas”.

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