
El voto por correo ha llenado durante las últimas semanas los titulares de muchos medios de comunicación, debido a los indicios de fraude en muchas regiones de España. Melilla ha sido la primera ciudad en la que saltaron las alarmas entorno a este hecho, que hasta el momento ya cuenta con 10 detenidos. Después detuvieron a siete personas como presuntas implicadas en los mismos delitos en Mojácar. Además, algunos partidos están apuntando a que estas infracciones se están cometiendo en otros territorios españoles.
Y es que, los hasta ahora detenidos por fraude en el voto por correo en estas dos ciudades pueden enfrentarse a distintas penas en el caso de que se compruebe de que son culpables por dichos delitos. La Ley del Régimen Electoral General recoge todas la normativa relativa a las elecciones, desde el derecho de sufragio, la composición de las mesas electorales, el procedimiento a llevar a cabo durante los comicios, hasta los delitos e infracciones electorales que se pueden cometer entorno a estos procesos.
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De esta forma, los presuntos implicados podrían ser castigados con penas de seis a dos años de cárcel y multas de seis a veinticuatro meses por delitos electorales, estarían incumpliendo “los trámites establecidos para el voto por correspondencia”, como señala la ley. Estas penas podrían elevarse a tres años de cárcel para “quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención” y “quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto”, recoge la normativa.
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Este sería el caso de Melilla, donde los implicados compraban supuestamente votos por entre 100 y 200 euros o empleaban la violencia para asaltar a los carteros que se dirigían a entregar la documentación del voto por correo en la vivienda de aquellos que lo habían solicitado. Unas condenas a las que también se podrían enfrentar los detenidos en Mojácar ya que también están acusados de la compra de votos, aunque no se ha dado a conocer si emplearon la violencia para ello.
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Medidas políticas contra los investigados por fraude
Además, de las penas legales, los presuntos implicados también se enfrentan a las consecuencias políticas de sus actos. En este sentido, algunas formaciones ya han movido ficha y han tomado cartas en el asunto. En Melilla, el presidente de la ciudad autónoma ha decidido cesar al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal. Lo que hasta el momento no se conoce es si concurrirá a las elecciones como número tres de la formación Coalición por Melilla (CPM).
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En cuanto a Mojácar, el PSOE ha decidido suspender de militancia al número dos de sus listas para el ayuntamiento de dicho territorio, Francisco Bartolomé Flores. Una decisión a la que han llegado después de que la Guardia Civil haya detenido a dicho político por su supuesta implicación en la compra de votos. Los agentes también han detenido al número cinco de las listas socialistas de Mójacar, Cristóbal Vizcaíno González. Sin embargo, la formación no ha tomado las mismas medidas contra este político ya que no es afiliado.
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