El escándalo del voto por correo en Melilla explota a cuatro días del 28-M: los detenidos denuncian una “persecución política” del Gobierno

Coalición por Melilla, partido al que pertenecen todos los detenidos por presunto fraude electoral, acusa a la Delegación del Gobierno de estar detrás de una campaña en contra de su formación

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Furgoneta de la Policía Nacional frente a una oficina de Correos de Melilla. (EFE/Paqui Sánchez)
Furgoneta de la Policía Nacional frente a una oficina de Correos de Melilla. (EFE/Paqui Sánchez)

A tres días de que se celebren las próximas elecciones autonómicas y municipales todas las miradas están centradas en Melilla. La investigación de la Policía Nacional por el presunto fraude electoral a través de la compra de votos por correo se ha saldado, por el momento, con la detención de diez personas, todas ellas vinculadas con el partido Coalición por Melilla (CPM), por su supuesta vinculación con la trama. El último de los detenidos ha sido, este martes, el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la ciudad autónoma y candidato número 3 de CPM en estos comicios, Mohamed Ahmed Al-Lal, quien tras ser liberado ha asegurado ser víctima de una “persecución política” orquestada desde la Delegación de Gobierno.

Mohamed Ahmed ha apuntado, sin nombrarla, a la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, la socialista Sabrina Moh, de estar detrás de esta operación en su contra. “Aquí no se trata ni de policía ni de judicatura, sino de política. Y se está haciendo uso de los estamentos del Estado para hacer una persecución política porque esto viene mandatado por un poder político”, ha dicho señalando “a lo que en esa Delegación del Gobierno habita en este momento”, aludiendo a Moh. El consejero ha denunciado la injerencia “de manera directa desde el poder político sobre unas elecciones” y ha lamentado que lo que está ocurriendo “incide en la opinión pública de los electores” hasta el punto de que limita la participación política de CPM al reseñar de manera negativa y reiterada “cualquier halo de culpabilidad” sobre el partido.

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El político ha explicado que su detención, a la que se ha referido como “retención”, se ha producido cuando se encontraba en la puerta del juzgado que investiga la presunta trama de compra de votos, adonde se ha dirigido como secretario general de CPM para entregar un escrito. El objetivo, sostuvo, era “advertir de la situación” por considerar que había una “persecución” por el registro en una de sus sedes y ponerse a disposición de “cualquier poder público que necesite de la colaboración” de CPM. Estando en la puerta del juzgado, Ahmed ha detallado que agentes de Policía le dijeron que tenía que acompañarlos a la Jefatura Superior de Policía “por una denuncia que tenían” respecto a él, donde le han dado “una información muy limitada” antes de declarar ante la jueza.

El consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y candidato número 3 de Coalición por Melilla (CPM), Mohamed Ahmed Al-Lal, que ha sido uno de los detenidos en la operación policial por la compra de votos y posteriormente puesto en libertad. (EFE/Paqui Sánchez)
El consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y candidato número 3 de Coalición por Melilla (CPM), Mohamed Ahmed Al-Lal, que ha sido uno de los detenidos en la operación policial por la compra de votos y posteriormente puesto en libertad. (EFE/Paqui Sánchez)

El consejero de Melilla ha explicado que, ante la jueza, se acogió a su derecho de no declarar por recomendación de su abogado y ha asegurado que quedó en libertad sin cargos y sin ninguna citación judicial, aunque la Policía se ha quedado con su teléfono móvil y pasaporte debido a que, según señaló, “es el protocolo que se suele llevar en este tipo de actuaciones. El resto de sus compañeros de partido también han sido puestos en libertad.

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Denuncia por injerencia en la campaña

Mohamed Ahmed ha comparecido junto a otros candidatos y dirigentes de CPM, cuya sede empleada como centro de datos fue registrado por Policía Nacional. Al respecto, la cabeza de lista en estas elecciones, Dunia Almansouri, ha lamentado que los agentes se hayan llevado tres ordenadores de sobremesa y un portátil en los que “no han encontrado absolutamente nada” y ha denunciado que esto supone “una intromisión total en la campaña de CPM que puede afectar al resultado electoral y a un derecho fundamental”. De acuerdo a la dirigente, los equipos sustraídos por las fuerzas de seguridad contenían todas “las herramientas de trabajo para la campaña electoral”.

“Sin embargo, nadie nos dice qué se nos imputa, cuando toda Melilla sabe quién compra votos”, ha agregado la candidata cepemista sin dar más detalles, aunque ha deslizado que días atrás “ha habido detenciones de personas relacionadas con el PP por los atracos a carteros” y “eso no ha trascendido” ni se han dado a conocer sus nombres como ha ocurrido este martes. Si bien Almansouri ha reconocido que todos los detenidos en el operativo policial son “gente cercana al círculo de CPM” ha destacado, no obstante, que todas ellas “han entrado y salido de comisaría sin prácticamente ninguna explicación más” y sin presencia de abogado, todo ello en el transcurso de “entre 30 minutos y una hora”.

La candidata número 1 de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri. (EFE/Paqui Sánchez)
La candidata número 1 de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri. (EFE/Paqui Sánchez)

Ninguna de ellas, ha apuntado la candidata de CPM, ha pasado a disposición judicial, algo sobre lo que ha llamado la atención porque “no es el procedimiento normal”, lo que supone “una de las cuestiones que más preocupan” a la formación. Para Almansouri, es evidente que “está todo dirigido, mediatizado y muy bien preparado”, pues dos horas antes de que se produjera la detención de Ahmed ya les estaban preguntando desde la prensa si era cierta la noticia, por lo que ha mostrado su temor a que “se esté volviendo a épocas anteriores vividas en Melilla”. Desde CPM sospechan de presuntas irregularidades en el proceso, algo que está estudiando un equipo jurídico que ha contratado fuera de Melilla para presentar una denuncia.

Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, el exciudadanos Eduardo de Castro, ha mostrado su preocupación por los sucedido y ha asegurado que cesará a miembros del Gobierno “si su situación legal así lo requiere”, aunque sin precisar nombres. “Mi deber es preservar el Estado de Derecho y los interesa de Melilla”, sostuvo a través de Twitter.

La investigación

La Policía Nacional llevó adelante estas detenciones tras detectar intentos de sobornos a algunos funcionarios de Correos en la ciudad de Barcelona. El plan pasaba por sacar los votos de la ciudad autónoma e introducirlos en la península y, una vez cruzado el estrecho, la intención era devolverlos a Melilla pero desde una demarcación diferente. A pesar de los datos que se han ido conociendo en las últimas horas, la causa sigue bajo secreto de sumario coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. La investigación apunta a que todos los detenidos habrían participado en la operación para comprar los votos de más de 11.000 electores a cambio de dinero, según se calcula, entre los 50 y 200 euros. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que narcotraficantes locales habrían sido los responsables del pago a los electores para concentrar los votos en una determinada formación.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta este lunes Correos había validado el 11% de las 11.707 solicitudes de voto por correo en Melilla para las elecciones del 28-M. El procedimiento está abierto hasta el día 25, tres días antes de la jornada electoral, por lo que la cifra de 1.302 votos ejecutados aún puede actualizarse al alza. El posible fraude electoral en Melilla llevó a la Junta Electora de Zona a reclamar la identificación de cada votante mediante DNI, una medida que contó con la oposición de Coalición por Melilla (CpM), el partido que lidera Mustafá Aberchán, que en el pasado condenado por estas prácticas irregulares. En el caso de Melilla, las solicitudes de voto por correo suponen el 20% del censo, mientras que en el conjunto de España este dato ronda el 3%.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior han garantizado que las elecciones en esta ciudad serán limpias, despejando las sospechas de fraude electoral. Sin embargo, desde CPM ya han adelantado que impugnarán los comicios sin importar su resultado, lo que deberá hacer en el plazo de 15 días tras la proclamación del mismo.

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