El presidente español Pedro Sánchez anunció este sábado una nueva ley que garantizará el cumplimiento de la paridad en los futuros gobiernos -sin importar su signo político- así como en la dirección de las grandes empresas.
Así, la nueva norma -que será aprobada el próximo martes por el Consejo de Ministros- controlará el cumplimiento del cupo femenino en estos ambientes, que deberá ser del 40%.
“En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres entre los centros de decisión”, anunció el dirigente socialista en una reunión de su partido en Madrid.
Estarán alcanzadas por esta nueva norma las juntas de gobierno de los colegios profesionales, los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados por dinero público y las empresas cotizadas o entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual sea de 50 millones de euros.
La reforma prevé, asimismo, las listas cremalleras, es decir, una alternancia entre hombres y mujeres en las propuestas electorales.
España es considerado un país de referencia en materia de derechos de las mujeres en el continente europeo gracias a una variedad de leyes como la de protección integral contra la violencia de género -aprobada hace casi 20 años, en 2004- y la más reciente, que instaura la baja menstrual.
En ese sentido, en el acto de este sábado, el mandatario puso en valor todas las medidas que los Ejecutivos socialistas han tomado en pos de proteger el estado de bienestar en España, las cuales definió como “las mejores políticas de igualdad que se pueden hacer”.
También, destacó que hace 10 años, en la media europea sólo un 13% de mujeres formaban parte de los consejos de dirección mientras que, al presente, ya se ha superado el 30% en las empresas públicas y privadas.
Otras de las medidas destacadas es la política de cuotas y la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en debate en el Congreso -más conocida como “Sólo Sí es Sí”-, que mantiene enfrentados a los socialistas con la izquierda de Podemos, sus socios en el Gobierno de coalición.
Ésta última establece un único delito de agresión sexual con independencia de si medió violencia o inyimidación y, por tanto, pone el foco en si hubo o no consentimiento. Causalmente, esta parte central de la norma es la que ha llevado a las desavenencias entre los socios.
Con esta reforma, el sector socialista del Gobierno busca poner fin a las rebajas de las condenas por delitos sexuales y las más de 74 excarcelaciones que han tenido lugar con la aplicación de la nueva ley, que entró en vigor el 7 de octubre del 2022.
(Con información de EFE y AFP)
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