Un tercio de automotores obsoletos elevan el riesgo de siniestros viales en El Salvador, según MOVES

El parque vehicular de El Salvador ya supera los dos millones de unidades y cerca de un tercio tiene más de 20 años de fabricación, una condición que, de acuerdo con el Movimiento de Estudiantes y Profesionales por la Seguridad Vial (MOVES), incrementa los riesgos de siniestros por la falta de tecnologías que están presentes en modelos más recientes.

El coordinador general de MOVES, Hugo Mayorga, afirmó en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que el país registra 2,158,431 vehículos en circulación. Parte de esa flota ya superó su vida útil estimada, aunque aclaró que la antigüedad no implica por sí sola que un automóvil esté en malas condiciones mecánicas.

“Gran parte de nuestro parque vehicular está ya bastante antiguo, por no decir obsoleto”, sostuvo Mayorga. El especialista señaló que los vehículos de mayor antigüedad pueden mantenerse operativos si reciben mantenimiento preventivo y correctivo, aunque carecen de sistemas que han mejorado con el avance tecnológico, como sistemas de frenado, estabilidad y conducción.

La cifra actual del parque vehicular representa un aumento de 174,509 vehículos, equivalente a 8.8%, frente a 1,983,922 registrados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en septiembre de 2025. En ese registro, 363,626 vehículos tenían 24 años o más, mientras que 422,980 tenían menos de cuatro años.

El parque vehicular ya mostraba un peso relevante de las motocicletas. En octubre de 2025 había 667,657 unidades registradas, de acuerdo con cifras del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. En la entrevista de este 23 de octubre, Mayorga informó que el número ascendió a 753,031 motocicletas, lo que equivale a cerca de uno de cada tres vehículos que circulan en el país.

MOVES también señaló que existe una brecha entre la cantidad de motocicletas y las licencias habilitadas. Mayorga indicó que hay 378,480 licencias vigentes para motociclistas, frente a 753,031 unidades registradas. Bajo esa relación, estimó que solo el 50.3% de los conductores tendría una licencia válida, aunque aclaró que una misma persona puede poseer más de una motocicleta.

Mayorga vinculó el crecimiento del parque automotor con una mayor carga sobre las calles y carreteras de El Salvador. A su juicio, la congestión, sumada a conductas imprudentes, incide en el número de hechos viales.

“A mayor congestión, mayor tasa de siniestralidad y menos paciencia”, afirmó el coordinador de MOVES. Agregó que el deseo de llegar antes a los destinos lleva a algunos conductores a incumplir normas básicas, como respetar semáforos, pasos de cebra y límites de velocidad.

Con datos atribuidos al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Mayorga indicó que entre el 1 de enero y el 14 de octubre se registraron 17,449 siniestros viales, un promedio de 61 por día. Estos hechos dejaron 12,492 personas lesionadas, equivalentes a 44 diarias, y 1,144 fallecidos.

La cifra de muertes representa un promedio de cuatro personas por día. “Dos de ellos motociclistas”, precisó Mayorga, quien añadió que los peatones también forman parte de los usuarios más expuestos en las vías.

Moves no considera que las penas altas reduzcan los accidentes

Actualmente, la Asamblea Legislativa estudia reformas al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Una de las propuestas fija penas de cinco a diez años de prisión para propietarios, poseedores o encargados que permitan conducir vehículos de transporte colectivo o camiones de más de ocho toneladas a personas sin la licencia correspondiente.

Ante ese panorama, Mayorga señaló que la responsabilidad de conducir con documentos habilitados debe alcanzar a todos los tipos de vehículos. También consideró excesiva la pena planteada para quienes faciliten una unidad a un conductor sin licencia.

Óscar Canjura, asesor legal de MOVES, sostuvo que la respuesta estatal debe priorizar la prevención. “El endurecimiento de penas no es una solución al incremento de infracciones”, afirmó. A su juicio, una mayor sanción penal no reducirá por sí sola la cantidad de siniestros viales.

Canjura propuso campañas permanentes de educación vial, formación obligatoria tras ciertas infracciones, controles de velocidad y mejoras en señalización e infraestructura. Mayorga añadió que la seguridad vial exige responsabilidades compartidas entre conductores, peatones y autoridades encargadas de las calles y la regulación del tránsito.