La Justicia salvadoreña condena a cuatro personas por posesión de marihuana en dos procesos resueltos en Santa Tecla

La Justicia de El Salvador condenó a cuatro personas —tres hombres y una mujer— por posesión y tenencia de drogas en dos procesos distintos que se resolvieron en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Los fallos incluyeron penas de tres años de prisión, aunque una de las condenadas recibió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Uno de los casos involucró a Óscar Alberto Gómez Hueso, Miguel Antonio Mancía Melgar y María Argelia Guevara Torres, detenidos durante un patrullaje preventivo realizado el 2 de mayo de 2025 en el distrito de Teotepeque, La Libertad Costa.

De acuerdo con la información difundida por los Centros Judiciales de El Salvador, los agentes observaron a las tres personas en una situación que consideraron sospechosa y procedieron a registrarlas. Durante el operativo incautaron porciones de material vegetal que, tras el análisis químico, dieron resultado positivo a marihuana.

A Gómez Hueso y Mancía Melgar les decomisaron cinco gramos a cada uno, mientras que Guevara Torres portaba ocho gramos. El tribunal los declaró responsables del delito de posesión y tenencia de marihuana y les impuso una pena de tres años de prisión.

Los dos hombres deberán cumplir la condena en un centro penitenciario debido a que tienen otros procesos judiciales pendientes, según indicó el órgano judicial. Guevara Torres, en cambio, obtuvo una suspensión condicional de la pena por un período de tres años.

Durante ese plazo, la mujer deberá residir en el mismo domicilio, abstenerse de consumir drogas, no salir del país y someterse al control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

El segundo caso tuvo como condenado a Francisco Barillas Canizalez, un adulto mayor capturado el 9 de diciembre de 2025 en Quezaltepeque, La Libertad Norte. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo halló culpable por posesión y tenencia de drogas y le impuso tres años de prisión, sustituidos por reglas de conducta.

Según el reporte judicial, Barillas Canizalez fue intervenido por policías que encontraron 12 gramos de marihuana distribuidos en ocho porciones durante el registro. En la vista pública, el acusado reconoció que la droga era de su propiedad, un elemento que el tribunal tomó en cuenta para emitir una sentencia condenatoria.

El fallo estableció que deberá cumplir reglas de conducta durante tres años. Entre ellas figuran la prohibición de consumir drogas y bebidas alcohólicas, además de no frecuentar lugares donde se comercialicen sustancias ilícitas.

Ordenaron juicio contra un hombre acusado de portar metanfetaminas

En otro expediente, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que Mario Ezequiel A. R., de 29 años, sea enviado a juicio por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

La acusación sostiene que el imputado fue detenido en julio de 2024 durante un patrullaje preventivo en la alameda Manuel Enrique Araujo, en el distrito de San Salvador. Los policías habrían advertido una conducta sospechosa en el conductor de un automóvil, por lo que realizaron una intervención.

Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron 13 bolsas plásticas con una sustancia que posteriormente dio resultado positivo a metanfetaminas. También decomisaron una báscula digital y dos sobres con $ 1.076 en efectivo.

Tras evaluar los elementos presentados en la audiencia preliminar, el juzgado consideró que existían indicios para llevar el caso a la etapa de sentencia. Además, mantuvo vigente la detención provisional del acusado.

Las penas previstas por la legislación salvadoreña

Aunque suele mencionarse de forma general al Código Penal, las sanciones para estos hechos están contempladas en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

La norma establece penas de uno a tres años de prisión y multas de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos para quien posea o tenga drogas ilícitas en cantidades inferiores a dos gramos, sin autorización legal.

Cuando la cantidad es de dos gramos o más, la pena prevista aumenta a tres a seis años de prisión, además de una multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes.

La legislación fija una pena más alta si la posesión o tenencia tiene como objetivo alguna actividad de tráfico de drogas. En esos casos, sin importar la cantidad decomisada, la condena puede ser de seis a 10 años de prisión y una multa de 10 a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. La escala está contemplada en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.