Transportistas proponen flexibilizar las multas y aplicar trabajo comunitario ante las reformas penales en El Salvador

Flexibilizar el pago de multas, aplicar trabajo comunitario, reforzar la educación vial y revisar el alcance de las penas de prisión fueron las propuestas de Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña del Transporte Internacional de Carga (ASTIC); Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte; y Hugo Mayorga, experto en movilidad vial, durante una entrevista en Diálogo.

Los participantes cuestionaron que las reformas al Código Penal y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se concentren en el transporte colectivo y de carga. También pidieron prevención, controles y formación para los conductores.

Regalado propuso facilitar los planes para cancelar esquelas, multas, intereses y recargos pendientes. Sostuvo que las condiciones deben ajustarse al monto de la deuda para que los conductores puedan recuperar su licencia de conducir.

El representante de la Mesa Nacional de Transporte también planteó el trabajo comunitario como una vía para solventar faltas. Alfaro, por su parte, pidió priorizar educación, capacitación y fiscalización antes de imponer sanciones prolongadas.

“La ley debería ser pareja”, afirmó Mayorga. El experto consideró que las normas deben impedir que cualquier persona conduzca sin la licencia requerida, sin limitar las nuevas disposiciones a buses, microbuses y camiones.

Hugo Mayorga cuestionó el alcance de la reforma penal

Mayorga explicó que la reforma que se discute modifica un literal del artículo 147-D del Código Penal, que ya está vigente desde el 23 de diciembre de 2024. El cambio incorporaría como conducción peligrosa el manejo de transporte colectivo o de vehículos de carga de más de ocho toneladas sin la licencia adecuada.

Según el especialista, la conducta podría ser sancionada aunque no ocurra un siniestro vial. Mayorga cuestionó esa posibilidad al sostener que el derecho penal prohíbe la responsabilidad objetiva.

“La responsabilidad objetiva se encuentra prohibida”, dijo. Diferenció esa discusión de la responsabilidad civil, que puede exigir la reparación de un daño sin demostrar intención o negligencia.

Mayorga señaló que la conducción peligrosa contempla penas de dos a cinco años de prisión para vehículos particulares. En el caso de transporte colectivo y de carga, la sanción va de cinco a diez años de prisión.

La propuesta también incluye un nuevo artículo 147-G. Según Mayorga, esa disposición castigaría al propietario, poseedor, tenedor o encargado que permita conducir un vehículo de transporte colectivo o de carga de más de ocho toneladas a una persona sin la licencia correspondiente.

El experto cuestionó que esa conducta pueda recibir una pena de cinco a diez años de prisión. Consideró que el castigo es excesivo para quienes, además, enfrentan responsabilidades administrativas.

“De cinco a diez años de prisión no es excarcelable”, afirmó Mayorga. También advirtió que la medida podría afectar a los sectores que trasladan pasajeros y mercancías.

Raúl Alfaro pidió revisar el sobrepeso y la formación

Alfaro sostuvo que los siniestros viales no son un problema exclusivo del transporte de carga y de pasajeros. Señaló que cualquier persona puede provocar un accidente con un vehículo particular.

El presidente de ASTIC pidió que las reglas no recaigan solo sobre buses, microbuses y camiones. También puso el foco en el sobrepeso de las unidades y en la responsabilidad de las empresas que entregan mercancías.

“Entreguemos la cantidad de peso máxima suficiente respecto a la capacidad de carga”, planteó. Para Alfaro, respetar los límites de peso reduce riesgos en las carreteras.

El dirigente añadió que comprar un camión o un autobús no garantiza que una persona conozca sus deberes como transportista. Por eso, pidió formación para quienes ingresan a esa actividad.

Los conductores sustitutos y las penas de hasta diez años

Alfaro reconoció que un empresario no debe entregar un vehículo pesado a una persona sin la licencia requerida. Como ejemplo, mencionó al motorista principal que se enferma y debe ser sustituido para realizar un viaje.

El propietario, sostuvo, debe verificar que el reemplazo esté habilitado para manejar el tipo de unidad asignada. “No lo podemos hacer tan desfachatada”, expresó.

Sin embargo, Alfaro cuestionó las penas de hasta diez años de prisión. Consideró que las sanciones deben estar acompañadas por educación vial, controles y formación.

“Si con estar dos días preso es más que suficiente para que aprendan la lección”, afirmó.

Luis Regalado alertó por sanciones acumuladas

Regalado afirmó que los propietarios de transporte colectivo ya enfrentan varias consecuencias cuando ocurre un percance. Mencionó esquelas, pago de daños, multas, suspensión de compensaciones y retención de placas o de la unidad.

“Nos vemos envueltos en unas cinco sanciones aproximadamente”, expresó. A su juicio, la reforma sumaría consecuencias penales a las responsabilidades administrativas y económicas ya existentes.

El representante señaló que los buses y microbuses son más visibles porque tienen rutas y recorridos definidos. También afirmó que las empresas realizan controles para prevenir que los motoristas trabajen bajo efectos del alcohol o estupefacientes.

El impacto que prevén para el transporte y el comercio

Mayorga advirtió que las reformas podrían reducir la disponibilidad de motoristas para el transporte colectivo y de carga, ante el riesgo de penas de cinco a diez años de prisión.

El experto sostuvo que una menor cantidad de conductores afectaría el traslado de personas y mercancías. Según dijo, eso podría elevar los fletes y encarecer las materias primas.

Alfaro señaló que algunos motoristas de Guatemala y Honduras podrían dejar de ingresar a El Salvador por temor a consecuencias penales. “Restricción al tráfico del comercio”, respondió al explicar el posible efecto.

Regalado afirmó que el transporte colectivo también podría tener dificultades para sostener su mano de obra por la preocupación de empresarios y conductores ante las nuevas sanciones.

Estas reformas surgen tras incidentes viales que involucran al transporte de carga pesada que dejaron múltiples víctimas fatales y varios lesionados.