Desnudez forzada, amenazas de violación, abuso sexual, violaciones, toma de fotografías o videos y requisas invasivas fueron las formas de violencia sexual documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura en casos de personas detenidas por razones políticas.
El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registró 113 víctimas de violencia sexual dentro de una muestra de 158 personas supervivientes de tortura.
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Los hechos fueron denunciados en estaciones policiales, centros penitenciarios, instalaciones clandestinas o irregulares y durante traslados e interrogatorios. El documento sostiene que estas prácticas fueron empleadas como mecanismos de castigo, humillación, sometimiento y control.
La violencia sexual alcanzó a 93 de los 130 hombres incluidos en el informe y a 20 de las 28 mujeres. El Observatorio afirmó que las agresiones contra las mujeres presentaron una gravedad diferenciada por sus modalidades, intensidad y componentes de violencia de género.
La desnudez forzada fue la forma de violencia sexual más registrada
La desnudez forzada fue documentada en 99 casos. El informe registró esta práctica contra hombres y mujeres detenidos, además de tres familiares mujeres de presos políticos sometidas a revisiones de ese tipo al ingresar a los centros de detención.
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Las víctimas relataron que eran obligadas a quitarse toda la ropa, incluida la interior, durante el ingreso a los centros, en las requisas, durante los traslados o antes de los interrogatorios.
En varios testimonios, las personas detenidas dijeron que también las obligaban a hacer sentadillas mientras permanecían desnudas. Algunas denunciaron que la práctica se repetía cada vez que salían o regresaban a sus celdas.
El reporte ubicó estas denuncias en estaciones policiales de diferentes departamentos, los edificios del Chipote Viejo y el Chipote Nuevo, centros clandestinos y establecimientos penitenciarios como La Modelo, La Esperanza y el penal de máxima seguridad.
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El Observatorio registró también diez víctimas con fotos o videos mientras estaban desnudas. Seis eran hombres y cuatro mujeres.
Según los testimonios reunidos por el Colectivo, la captación de imágenes ocurría junto con insultos, amenazas o burlas. El informe plantea que ese registro aumentaba el temor de las víctimas por una eventual exposición de su intimidad.
Nueve personas denunciaron violación sexual durante su detención
La investigación documentó nueve casos de violación sexual: siete contra mujeres y dos contra hombres. Las denuncias situaron los hechos en centros policiales, el Chipote Viejo y lugares clandestinos de detención.
En los dos casos de hombres, los testimonios identificaron como escenarios el antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial y un centro clandestino ubicado en Jinotepe, en el departamento de Carazo.
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El informe señala que estas agresiones ocurrieron durante interrogatorios y estuvieron acompañadas por otras formas de tortura física y psicológica. Las víctimas reportaron consecuencias físicas, emocionales y psicológicas posteriores.
Las siete mujeres que denunciaron violación sexual también fueron sometidas a otras formas de violencia. El documento incluye desnudez forzada, amenazas contra hijos e hijas, privación de necesidades básicas y falta de atención médica ante lesiones, hemorragias o afectaciones emocionales.
El Observatorio documentó denuncias sobre agresiones reiteradas durante varios días y hechos cometidos por más de una persona contra una misma víctima. Los casos contra mujeres mencionaron estaciones policiales de Masaya y Jinotega, el Chipote Viejo y centros clandestinos.
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Las amenazas de violación fueron denunciadas por 14 personas
El informe registró 14 víctimas de amenazas de violación sexual. Ocho eran hombres y seis mujeres.
Las amenazas aparecieron, principalmente, durante los interrogatorios y traslados. Según la investigación, fueron utilizadas para intimidar, obtener información o forzar confesiones.
En algunos casos documentados sobre mujeres, las amenazas se dirigieron contra sus hijas. El reporte considera estas agresiones una forma de tortura psicológica basada en violencia de género.
El abuso sexual fue denunciado por diez personas detenidas: seis hombres y cuatro mujeres. Las denuncias incluyeron tocamientos sin consentimiento en centros como La Modelo, el Chipote Viejo y estaciones policiales de Jinotepe, León y Masaya.
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La investigación también recogió diez denuncias de abuso sexual contra familiares mujeres durante las requisas para ingresar a centros de reclusión. Las afectadas eran madres, esposas u otras parientes de hombres encarcelados.
El Colectivo sostuvo que esas revisiones constituyeron violencia sexual directa contra las familiares y, a la vez, un mecanismo de presión psicológica contra las personas privadas de libertad.
Las amenazas contra hijos e hijas afectaron a 13 mujeres detenidas
Las 28 mujeres incluidas en la muestra fueron detenidas en varios departamentos. En 27 casos participaron agentes policiales y en 13 hubo fuerzas combinadas con presencia de personas vestidas de civil.
El informe registró violencia física o psicológica en 25 de las 28 detenciones. Las denuncias abarcan golpizas, lesiones con armas u objetos, amenazas de muerte, amenazas contra hijos e hijas y amenazas de violación.
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En 13 casos, las mujeres denunciaron amenazas de matar, desaparecer o quitarles a sus hijos. Los testimonios señalan que los interrogadores mostraban fotografías de los menores o afirmaban que los tenían ubicados para presionar a las detenidas.
Las amenazas buscaban que las mujeres hicieran declaraciones, firmaran documentos o grabaran videos incriminatorios. El reporte concluye que el patrón se dirigía contra ellas en su condición de madres.
La falta de medicamentos y productos de higiene fue otro patrón denunciado
La privación de medicamentos e insumos de higiene fue identificada en 14 casos de mujeres. Las denuncias incluyeron restricciones a tratamientos por condiciones endocrinas, reproductivas, respiratorias y otras enfermedades.
El informe documentó limitaciones al ingreso de ropa interior, productos para la menstruación y artículos de aseo personal. Algunas mujeres denunciaron que fueron obligadas a permanecer desnudas mientras menstruaban.
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También se reportaron problemas de salud posteriores a las torturas, como hemorragias, infecciones, depresión y afectaciones a la salud sexual y reproductiva. Según el documento, varias mujeres no recibieron atención médica adecuada mientras permanecían detenidas.
Dos mujeres denunciaron haber sido sometidas a trabajo forzoso. Los testimonios describen tareas domésticas, como limpiar o cocinar para agentes policiales, personas paraestatales o custodios, sin remuneración y bajo amenazas.
El Observatorio registró, además, 17 mujeres sometidas a desnudez forzada. En cuatro de esos casos, agentes estatales tomaron fotografías o grabaron videos mientras las víctimas permanecían sin ropa.
Veinte mujeres concentraron 71 actos de violencia sexual y de género
La sistematización identificó 71 situaciones de violencia sexual y de género contra 20 de las 28 mujeres documentadas. Esa cifra no incluye los 13 actos de violencia sexual registrados contra familiares mujeres de personas presas políticas.
Las prácticas registradas abarcan amenazas contra hijos e hijas, privación de medicamentos, trabajo forzoso, desnudez forzada, fotografías o videos, interrogatorios sin ropa, amenazas de violación, abuso sexual y violación.
El informe identificó tres casos de interrogatorios realizados con mujeres totalmente desnudas. Otras dos denunciaron haber permanecido sin ropa durante todo el período de su privación de libertad.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las prácticas descritas buscaban degradar, intimidar y controlar los cuerpos de las víctimas. El Observatorio concluyó que la violencia sexual y de género formó parte de las demás formas de tortura aplicadas contra mujeres presas políticas.
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