Reprogramaron por tercera vez el juicio por los asesinatos de ocho personas en El Salvador

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramó por tercera vez el inicio del juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrido en 1989, y fijó la vista pública para el 5 de abril de 2027 por solicitudes ligadas a la salud de algunos procesados y a compromisos de abogados defensores, según informó Radio YSKL.

La causa reúne a 11 imputados, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Parker y exmilitares vinculados con el alto mando de la Fuerza Armada durante el conflicto armado interno. La Fiscalía también atribuye el delito de terrorismo a varios de los militares procesados, acusaciones que deberán ser examinadas durante el debate.

La masacre ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando efectivos del batallón Atlacatl ingresaron al campus de la UCA y mataron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López. También fueron asesinadas Elba Ramos, trabajadora de la universidad, y su hija Celina Ramos.

Ausencias de dos generales y revisión médica

Los generales Rafael Humberto Larios López y Juan Rafael Bustillo Toledo no asistieron a la audiencia en la que se resolvió el nuevo aplazamiento. Sus defensores presentaron escritos en los que alegaron motivos de salud, relató la radio.

Las juezas remitirán ambas situaciones al Instituto de Medicina Legal para que determine si las condiciones médicas justificaban las inasistencias. Si concluyen que las ausencias no estaban justificadas, los dos imputados podrían ser declarados rebeldes.

El abogado Eduardo Cardoza, defensor de Larios López, explicó que el tribunal tomó en cuenta los planteamientos de las defensas y su agenda judicial. “Por eso se señaló hasta el próximo año, de acuerdo con la agenda del tribunal”, expresó.

La defensa del coronel Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, a cargo del abogado Francisco Garay Pineda, sostuvo que la causa se tramita bajo el Código Procesal Penal de 1998. Según indicó, esa normativa exige que los imputados estén presentes durante el juicio por los principios de inmediación y derecho de defensa.

Carlos Miranda, defensor de Parker, había pedido dividir el proceso porque participa en otra audiencia que continuará hasta el 30 de octubre. El tribunal rechazó esa solicitud.

Cardoza señaló que la Fiscalía también se opuso a separar la causa por la necesidad de presentar conjuntamente los testimonios y la documentación histórica. “Era necesario, por los testigos, la prueba, y la abundante información histórica y documental que se tiene, que la diligencia se evacúe en un solo acto”, manifestó.

Fechas anteriores y situación de Montano en España

La primera convocatoria para la vista pública estaba prevista para el 20 de julio de 2026. El tribunal la trasladó luego al 14 de octubre porque aún no había recibido una respuesta de España sobre la notificación judicial al coronel Inocente Orlando Montano Morales.

Montano cumple una condena en España por su vinculación con el caso. Cardoza explicó que su notificación fue solicitada mediante mecanismos de asistencia internacional en los que participan organismos, embajadas y la Fiscalía.

El Informe de la Comisión de la Verdad documentó la participación de efectivos militares en los asesinatos y el intento de atribuirlos a la guerrilla mediante la alteración de la escena del crimen. En enero de 2022, la Sala de lo Constitucional revocó una decisión de la Sala de lo Penal que había cerrado el caso.