El gobierno de Estados Unidos oficializó un aporte financiero de 55 millones de dólares para El Salvador con el fin de mitigar los impactos climáticos provocados por el fenómeno de El Niño.
La Embajada de Estados Unidos en territorio salvadoreño confirmó la distribución de estos recursos de cooperación internacional, los cuales buscan responder a la grave escasez de precipitaciones y fortalecer las capacidades de preparación del país centroamericano frente a eventos meteorológicos extremos que amenazan la seguridad alimentaria.
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La asistencia económica internacional comprende dos etapas diferenciadas para la ejecución de las partidas presupuestarias. Un primer tramo de 25 millones de dólares se encuentra en plena fase de implementación y se canaliza por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estos fondos están destinados a estructurar mecanismos de alivio directo e inmediato para las comunidades rurales golpeadas por la falta de lluvia. En paralelo, la representación diplomática norteamericana precisó que existen 30 millones de dólares adicionales en proceso de asignación, los cuales se enfocarán en programas preventivos y en la construcción de resiliencia climática en trabajo conjunto entre las agencias de la ONU y el gobierno salvadoreño.
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La entrega de esta cooperación financiera surge en medio de un escenario institucional de alerta. El pasado miércoles 7 de octubre, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la declaración de un Estado de Emergencia Nacional con una vigencia de seis meses debido a la severidad de la sequía meteorológica.
Las proyecciones climatológicas oficiales indican que los efectos de mayor gravedad sobre el sector agropecuario y el abastecimiento de insumos básicos se manifestarán con especial intensidad entre los meses de enero y abril de 2027, período en el cual se prevé un impacto directo en el mercado local.
Pérdidas por el fenómeno de El Niño: cosechas diezmadas y riesgo de desabastecimiento
El impacto de las variaciones climáticas en la producción agrícola ha situado a amplias regiones en una condición de vulnerabilidad crítica, con un foco de afectación acentuado en el Corredor Seco Centroamericano.
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En esta zona geográfica coincidieron marcas térmicas elevadas con el registro del mes de agosto más seco desde 1971. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), la primera siembra del año, efectuada entre mayo y junio, sufrió un declive del 20%, situación que derivó en la destrucción de 2,3 millones de quintales de maíz.
La situación para los ciclos agrícolas posteriores mantiene un diagnóstico preocupante. La gremial CAMPO advirtió que el déficit de lluvias amenaza la continuidad de las siembras secundarias planificadas para agosto y septiembre, con un volumen de 6,9 millones de quintales de granos en alto riesgo de pérdida total en cultivos esenciales como el maíz, el frijol y el sorgo.
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En diversos municipios rurales de la franja oriental y paracentral, los agricultores de subsistencia informaron caídas de hasta un 50% en la producción familiar, un escenario que dejó a numerosas parcelas sin rendimiento para el consumo propio.
Las zonas con mayores niveles de afectación incluyen los municipios de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, y Tecoluca, en La Paz, además de amplios sectores en Morazán, áreas donde los registros meteorológicos contabilizaron hasta 15 días consecutivos de sequía extrema.
Ante este panorama de escasez de lluvia, el déficit proyectado en el suministro nacional de granos básicos se incrementó de cuatro millones a casi siete millones de quintales. Para contener el desabastecimiento previsto en los próximos meses, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzó a coordinar la creación y distribución de reservas alimenticias de contingencia destinadas a mitigar las pérdidas en las comunidades afectadas.
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