El tabaco ilícito supera el 90% del mercado en Panamá y la deforestación golpea a Honduras y Nicaragua, según informe regional

El contrabando de cigarrillos se consolida como el problema sectorial más extendido del comercio ilícito en Centroamérica, según el informe de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito) basado en el Índice de Comercio Ilícito 2025. Las cifras varían drásticamente entre países, pero en ningún caso el mercado ilegal resulta marginal.

En Panamá, el documento estima que entre 92% y 96% de los cigarrillos vendidos en el país son ilícitos. El país también actúa como punto de tránsito para gran parte del tabaco ilegal que circula en América Latina y el Caribe, con empresas fachada que alteran origen, valor y destino de las mercancías en la Zona Libre de Colón.

Nicaragua presenta el segundo peor escenario: entre 65% y 80% del mercado de cigarrillos sería ilícito, con las marcas “Modern” y “Silver Elephant” como dominantes. El tabaco llega principalmente desde China vía Panamá y se distribuye mediante redes formales e informales.

Honduras, Guatemala y El Salvador también enfrentan mercados paralelos

En Honduras, los cigarrillos ilegales representarían cerca del 43% del consumo nacional. En 2025 se registró en Roatán una incautación de más de 137 millones de cigarrillos ilícitos, vinculada a redes criminales transnacionales. El país carece, según el informe, de un sistema robusto de rastreo y trazabilidad para estos productos.

Guatemala presenta un mercado ilícito de entre 25% y 40%, con pérdidas fiscales estimadas en alrededor de Q180 millones anuales- 23 millones 593 mil USD_ desde 2017. El tabaco llega principalmente desde China, India, Emiratos Árabes Unidos y Paraguay, y transita por la Zona Libre de Corozal antes de ingresar al país.

En El Salvador, el tabaco ilícito representa aproximadamente 33% del mercado. En 2025 las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos ilegales incautados, y en febrero de 2026 se habría desarticulado una red de contrabando con pérdidas fiscales estimadas en US$2.2 millones.

Costa Rica, pese a ser el país mejor evaluado del índice general, no escapa al problema: las estimaciones citadas ubican entre 31% y 46% la proporción de cigarrillos ilícitos en el mercado, con pérdidas anuales cercanas a US$100 millones.

Corrupción profunda en Guatemala, Honduras y Nicaragua

Los tres países con peor desempeño regional comparten un rasgo común: redes de corrupción que atraviesan aduanas, policía, ejército y poder judicial.

En Guatemala, el informe cita el caso “La Línea”, que reveló sobornos en aduanas para reducir o evadir impuestos de importación. El documento estima que la economía informal alcanza cerca del 50% del PIB, unos US$153.000 millones anuales, lo que limita severamente la trazabilidad comercial.

En Honduras, el reporte menciona que la impunidad por delitos graves superaría el 85%, según el documento.

Nicaragua aparece como uno de los países más corruptos del mundo en el informe, en el puesto 175 de 182 del Índice de Percepción de la Corrupción citado. La corrupción alcanzaría aduanas, policía, ejército, migración y poder judicial, lo que facilita el movimiento de mercancías ilegales.

Deforestación y tráfico de fauna en la región

Los delitos ambientales golpean con particular fuerza a Honduras. El informe estima que entre 80% y 90% de las maderas duras de alto valor del país podrían provenir de fuentes ilegales, y entre 40% y 50% de las maderas blandas tendrían también origen ilícito. Las zonas más afectadas son Olancho, Yoro, Gracias a Dios y La Moskitia.

El documento vincula esta tala ilegal con la llamada “narco-deforestación”: desmontes para ganadería, pistas clandestinas y control territorial criminal, con la madera destinada en parte a Estados Unidos y China.

En Nicaragua, el problema se concentra en la invasión de reservas como Bosawás e Indio Maíz, además de ganadería ilegal y minería de oro no regulada, que según el informe podría representar una parte relevante de las exportaciones auríferas del país.

Las recomendaciones centrales del informe

TRACIT plantea once prioridades para la región, entre ellas fortalecer la cooperación transfronteriza entre aduanas, policía y fiscalías, y someter a control efectivo las zonas francas de Colón y Corozal.

El documento también recomienda implementar sistemas de rastreo y trazabilidad para tabaco, alcohol y medicamentos, combatir la corrupción en aduanas y fuerzas de seguridad, y reducir los incentivos económicos al contrabando mediante ajustes en los impuestos especiales.

Otras medidas incluyen la regulación de plataformas digitales y comercio electrónico, el fortalecimiento de los regímenes contra el lavado de activos, y la formalización de la economía informal mediante registro empresarial simplificado y acceso a protección social.