Tribunal salvadoreño impone 367 años de prisión a integrante de una estructura criminal en San Miguel

Una sentencia de 367 años de cárcel fue impuesta a Jonathan Stiven Reyes Rivera, alias street, dentro de un proceso contra personas vinculadas a la clica Normandie Locos Salvatruchos que operaba en San Miguel. La Fiscalía General de la República informó que la condena incluyó homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

El proceso abarcó hechos registrados entre 2014 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, Sesori, El Tránsito y San Miguel. El expediente incluyó homicidios agravados, privaciones de libertad, extorsiones agravadas y otros delitos atribuidos a la estructura investigada.

Entre los casos mencionados por la Fiscalía está el asesinato de una mujer, quien murió tras recibir disparos el 16 de agosto de 2017 en la colonia Belén, de la ciudad de San Miguel.

Óscar David López Ramos, alias gallina ciega, recibió una condena de 224 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Por su parte, Wilian Miguel García Caballero, alias crup, fue sentenciado a 108 años de cárcel.

La misma resolución incluyó una pena de 189 años de prisión para Vladimir Bernabé Pineda Díaz, alias incompleto. La Fiscalía indicó que García Caballero y Pineda Díaz fueron condenados por agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad con agravación especial.

Además, otras 16 personas recibieron penas de entre cuatro y 67 años de cárcel. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado J2 de San Miguel dictó las condenas en rebeldía para todos los implicados.

José Nicolás Valladares Pérez recibió 45 años de prisión por homicidio agravado

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 45 años de prisión a José Nicolás Valladares Pérez por el homicidio agravado de un hombre de avanzada edad en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.

Según el fiscal del caso, el crimen ocurrió el 24 de junio de 2025, entre las 09:30 am y las 10:00 am, en unas canchas ubicadas en ese distrito. La acusación sostuvo que Valladares Pérez citó a la víctima con engaños y la mató en ese lugar.

La investigación señaló que, ese mismo día, el condenado envió mensajes de texto a familiares de la víctima. De acuerdo con el reporte, en esas comunicaciones fingió un secuestro y exigió USD 25,000 en concepto de rescate.

Los familiares interpusieron una denuncia y se implementó un dispositivo de búsqueda. El 1 de julio de 2025, las autoridades localizaron el cuerpo del adulto mayor enterrado en una fosa clandestina dentro de un complejo recreativo.

Según la información fiscal, la fosa había sido cavada por el imputado. Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, científicas y testimoniales.

Seis testigos declararon sobre la desaparición de la víctima y el hallazgo del cuerpo. La Fiscalía también reprodujo videos del recorrido realizado por el hombre el día de los hechos y grabaciones del interior de las canchas.

De acuerdo con la acusación, las imágenes mostraron el momento en que la víctima se reunió con Valladares Pérez y cuando este la condujo hacia el lugar donde posteriormente fue hallada muerta. La ubicación de ambos también fue respaldada con la activación de antenas telefónicas de los celulares que portaban.

Una transferencia de USD 350,000 derivó en condenas por estafa agravada

Julio Isaac Gómez Carrillo fue condenado a ocho años de prisión y Jacqueline Lissett Muñoz recibió una pena de cinco años por estafa agravada, según informó la Fiscalía General de la República. El fallo también ordenó que ambos paguen un total de USD 350,000 en concepto de responsabilidad civil.

El caso se originó en enero de 2023, cuando Muñoz ofreció un negocio de inversión a la apoderada de una sociedad. Según la investigación, la propuesta contemplaba un retorno de entre 3% y 6%, y Gómez Carrillo fue presentado como un socio estratégico de origen canadiense y experto en finanzas.

En los días posteriores, los imputados entregaron documentos con los que aparentaban credibilidad sobre el negocio. La Fiscalía indicó que esos papeles mostraban empresas supuestamente sólidas, a cargo del socio estratégico y respaldadas por bancos estadounidenses.

En julio de 2023, la apoderada de la sociedad transfirió USD 350,000. De acuerdo con el reporte, Gómez Carrillo le aseguró que la inversión tendría una alta rentabilidad en un plazo de tres meses.

La víctima descubrió después que la información ofrecida era falsa y no recuperó el dinero transferido ni las ganancias acordadas. Tras la prueba presentada por la Fiscalía, Gómez Carrillo fue sentenciado a ocho años de cárcel y al pago de USD 250,000 por responsabilidad civil.

Muñoz fue condenada a cinco años de prisión como cómplice necesaria. La sentencia también ordenó que restituya USD 100,000.