El Salvador postergó la presentación de una reforma integral de pensiones hasta el año 2027 tras acordarlo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el análisis presentado por el especialista Patricio Pineda en el espacio de entrevista Frente a Frente.
El integrante de la Mesa por una Pensión Digna sostuvo que la decisión gubernamental respondió a un cálculo de costo político para evitar el desgaste electoral inmediato.
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No obstante, advirtió que el compromiso con el organismo multilateral de ejecutar cambios en el modelo previsional se mantiene vigente como un requerimiento insoslayable para la estabilidad financiera del país.
El volumen de endeudamiento vinculado al sistema de retiro ha alcanzado un punto crítico para las finanzas de El Salvador. De acuerdo con los registros del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda acumulada en concepto de pensiones roza los 11,700 millones de dólares, una cifra que equivale a más del 89.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para reestructurar el sistema previsional, el FMI planteó la adopción de un ajuste paramétrico en 2027. “Para que una reforma sea estructural en términos previsionales, desde la óptica de las paramétricas, necesitas modificar 17 parámetros”, afirmó Pineda en el programa televisivo.
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Sin embargo, el analista explicó que las administraciones estatales suelen limitar las reformas a tres variables específicas: la edad de retiro, los años de cotización requeridos y la cuota de aportación al fondo.
Un incremento de cinco años en la edad de jubilación generaría un ingreso aproximado de 2,500 millones de dólares en un período de cinco años, aunque implicaría un impacto directo sobre más de 600 mil cotizantes. Respecto a la tasa de aportación, la ley establece un 16% sobre el salario base.
“Si vos quieres tener una pensión que supere un poco lo que es la canasta básica, tienes que cotizar el 20%”, explicó el representante de la Mesa por una Pensión Digna. No obstante, aplicar un aumento en la cuota patronal elevaría los costes laborales e incentivaría la reducción de personal en las empresas, mientras que cargarlo sobre el empleado mermaría el poder adquisitivo de los hogares.
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Las organizaciones sociales proponen redirigir utilidades de empresas autónomas y crear un Banco Previsional
Frente a la crisis financiera del sistema, el representante de la Mesa por una Pensión Digna expuso propuestas técnicas para evitar que el ajuste recaiga de forma exclusiva sobre la población trabajadora.
Una de las alternativas planteadas consiste en aprovechar el superávit generado por las empresas públicas e instituciones autónomas, el cual suma más de 230 millones de dólares acumulados en los últimos seis años. Mediante una reforma a las disposiciones generales del presupuesto, un porcentaje de esas utilidades podría ser transferido de manera directa al fondo de retiro, lo que reduciría hasta en un 50% la necesidad de emitir nueva deuda anual.
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En materia de diseño administrativo, la organización propone la transición hacia un sistema mixto basado en la redistribución de la tasa actual del 16%, sin subir los impuestos a la ciudadanía. Bajo este esquema, un 13% iría destinado a un pilar solidario y un 2.5% a la cuenta de ahorro individual, complementado con una reducción en la comisión que cobran las AFP.
Esta reestructuración permitiría elevar el monto de las pensiones hasta cubrir entre el 60% y el 85% del último salario, al tiempo que representaría un ahorro proyectado de 5,000 millones de dólares en el tiempo para las finanzas estatales.
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La propuesta incluye también la creación de un Banco Previsional, una entidad amparada en el artículo 46 de la Constitución de El Salvador y cuya propiedad pertenecería a los trabajadores.
La institución tendría la función de administrar los fondos de pensiones para colocarlos en mercados internacionales con altas tasas de rendimiento, tales como el desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, siguiendo el modelo aplicado por los fondos soberanos de Europa.
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