Un total de 94,846 personas privadas de libertad participó en programas de desarrollo de habilidades sociolaborales y familiares, según los datos del período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026 (informe de labores). Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer capacidades para la reinserción y a sostener tareas productivas dentro del sistema penitenciario.
El registro incluye a 49,370 internos incorporados a comisiones de apoyo institucional y comunitario, bajo la coordinación de la Unidad de Rehabilitación y Reinserción. Estas instancias buscan promover hábitos de trabajo y participación en tareas vinculadas con los centros penales y las comunidades.
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La Unidad de Diversificación del Trabajo Penitenciario informó además que 2,696 personas participaron en cocinas penitenciarias, donde realizaron labores de procesamiento de alimentos. De ese total, 504 fueron hombres y 2,192 mujeres.
16,878 audiencias virtuales en coordinación con la Corte Suprema
El sistema penitenciario efectuó 16,878 audiencias por videoconferencia en distintas salas de los centros penales. La medida se ejecutó mediante la coordinación entre la Inspectoría General, la Unidad de Informática de la Dirección General de Centros Penales y la Corte Suprema de Justicia.
El uso de estas audiencias virtuales tuvo como objetivo facilitar el ejercicio de defensa de las personas privadas de libertad dentro de los procesos judiciales, sin requerir traslados a las sedes judiciales.
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Capacitación para internos y 1.072 miembros del personal penitenciario
En materia de salud e higiene, 119 personas privadas de libertad recibieron formación en procedimientos operativos estandarizados de sanitización. La capacitación incluyó prácticas de manipulación segura de alimentos y cumplimiento de normas sanitarias.
La Escuela Penitenciaria formó a 1.072 agentes y empleados administrativos, de los cuales 519 fueron hombres y 553 mujeres. Los contenidos abarcaron criminología, derechos humanos, Power BI y protocolos de salud.
El informe también consignó la creación de laboratorios clínicos en el Centro Especial de Atención en Salud de Izalco y el Centro Especial de Salud de Quezaltepeque. En Izalco, además, se adecuó un área de observación para pacientes postquirúrgicos y casos delicados, en conjunto con el Ministerio de Salud.
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Galpones de Zacatecoluca con 32.000 pollos para abastecimiento interno
La construcción y el equipamiento de galpones en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, en La Paz, concluyeron en diciembre de 2025 con una inversión de $400.000 de fondos propios.
El proyecto alcanzó el 100% de ejecución e incorporó 32.000 pollos de engorde. La iniciativa quedó destinada al abastecimiento interno y prevé beneficiar a 38.737 personas dentro del sistema penitenciario.
Entre las proyecciones figuran la construcción de una nave industrial para talleres productivos en Zacatecoluca y la instalación de una planta de fabricación de puertas y mobiliario institucional en el centro industrial de Santa Ana. También se contemplan una planta de lámina termoacústica en la granja penitenciaria y un programa de telemedicina con apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo.
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Ejecución presupuestaria del 99% en remuneraciones
Los recursos del Gobierno de El Salvador devengaron $76,38 millones entre junio y diciembre de 2025, sobre un presupuesto modificado de $76,39 millones. Entre enero y mayo de 2026, el monto devengado fue de $91,07 millones, frente a $97,06 millones modificados.
En el acumulado del período, la ejecución presupuestaria alcanzó 99% en remuneraciones y 96% en adquisición de bienes y servicios. Los gastos financieros, las transferencias corrientes y las inversiones en activo fijo registraron una ejecución de 100%, según los cuadros presupuestarios incluidos en el informe.
Las donaciones recibidas incluyeron $193.403,40 en alimentos, $100.000 en vales de combustible y $39.137,73 para talleres. También se registraron aportes para kits de higiene, material didáctico, equipos informáticos, maquila, materiales de construcción y juguetes.
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El documento identifica como dificultades la disponibilidad de espacio y equipo para cocinas penitenciarias, las interrupciones de procesos formativos por traslados de internos, restricciones presupuestarias y falta de insumos. Entre las medidas previstas aparecen la reorganización de equipos técnicos, la búsqueda de refuerzos presupuestarios y la reutilización de materiales para prácticas formativas.
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