El TPS para salvadoreños llega a su fecha límite el 9 de septiembre sin que el Departamento de Seguridad Nacional haya publicado ninguna determinación formal de renovación, lo que deja a más de 232,000 personas en una situación de incertidumbre legal sin precedentes en 25 años.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que el impacto de la cancelación va más allá de los titulares del documento.
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Más de 150.000 niños con ciudadanía estadounidense tienen al menos un familiar salvadoreño amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La pérdida del estatus no los deporta, pero puede desintegrar los hogares en los que crecen.
El fallo de la Corte Suprema cerró la puerta judicial en junio
El 25 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió por 6 votos contra 3, en el caso Mullin v. Doe, que los tribunales federales no pueden revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o cancelación del TPS.
La mayoría, redactada por el magistrado Samuel Alito, se apoyó en la ley original de 1990, que prohíbe expresamente el control judicial de esas determinaciones.
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“El TPS siempre fue concebido como temporal y puede cancelarse en el momento adecuado”, afirmó James Percival, consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, celebrando la decisión.
La sentencia garantizó, al mismo tiempo, que ningún tribunal pudiera evaluar si esa cancelación es, en efecto, adecuada.
Para El Salvador, el fallo llegó tarde en términos procesales: la designación no estaba bajo litigio activo. Pero clausuró cualquier vía de impugnación futura y dejó a los beneficiarios sin recurso judicial efectivo.
La administración Trump ya eliminó el TPS para 13 países desde enero de 2025
Cuando el presidente Donald Trump asumió en enero de 2025, 17 países tenían el TPS activo. Su administración canceló la protección para 13 de ellos. El Salvador es el último de los cuatro restantes que enfrenta el vencimiento sin perspectiva de renovación.
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó el 12 de agosto de 2026 una actualización en la que confirmó que “la designación del TPS para El Salvador y los beneficios relacionados están previstos para terminar” el 9 de septiembre.
La notificación no constituye el acto formal de cancelación, pero establece esa fecha como el límite operativo para la autorización de empleo de los beneficiarios.
Si la protección cae, el TPS quedará vigente para apenas 103.000 personas en todo el mundo: 101.150 de Ucrania, 1.790 de Sudán y 150 del Líbano.
Las remesas sostienen el 24% del PIB salvadoreño
El golpe económico de una cancelación masiva cruzaría las fronteras. Las remesas representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto de El Salvador, según el análisis de WOLA firmado por Ana María Méndez Dardón, directora de la organización para Centroamérica.
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Las cifras más recientes del Fondo Monetario Internacional sitúan esas transferencias cerca de USD 10,000 millones anuales.
La inversión extranjera directa totalizó USD 764 millones en 2025, la cifra más baja de la región centroamericana según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, señaló a France 24 que la mejora en seguridad “no es suficiente” y que el país necesita con urgencia aumentar esa inversión.
Sin anuncio formal, los beneficiarios esperan hasta el último día
La normativa del DHS exige que cualquier decisión de renovación o cancelación se publique en el Registro Federal con al menos 60 días de anticipación.
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Esa ventana ya venció sin ningún pronunciamiento. La ausencia de aviso formal dejó a los titulares del TPS sin certeza hasta los últimos días antes del vencimiento.
Un tribunal federal en Massachusetts bloqueó el 21 de julio de 2026, de forma temporal, una política del USCIS vinculada a la “One Big Beautiful Bill Act” que habría recortado las extensiones automáticas de autorización de empleo para titulares del TPS de Ucrania, El Salvador y Sudán.
La orden ilustra la velocidad con que el panorama legal puede cambiar, pero no altera el vencimiento del 9 de septiembre.
Quienes pierdan el estatus revertirán a su condición migratoria anterior. Para la mayoría, eso significa quedar indocumentados y quedar expuestos a procedimientos de deportación.
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