Jueza rechaza flexibilizar las medidas cautelares contra el hijo de un diputado panameño

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, continuará bajo arresto domiciliario luego de que una jueza rechazara modificar las medidas cautelares impuestas en su contra. El investigado está vinculado a la Operación Jericó por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. La juzgadora concluyó que los riesgos procesales identificados anteriormente no han disminuido y justifican mantener las restricciones vigentes.

La defensa particular solicitó eliminar el brazalete electrónico y reemplazar la detención domiciliaria por reportes periódicos los lunes, miércoles y viernes. También pidió autorización para que Rico Pineda pudiera trabajar, mientras permanecían vigentes la entrega del pasaporte y el impedimento de salida del país.

Montenegro negó las solicitudes después de escuchar los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público. La jueza consideró que los elementos presentados no reducían los riesgos procesales, conforme al artículo 240 del Código Procesal Penal, y rechazó igualmente el permiso laboral solicitado por el imputado.

Uno de los aspectos valorados por el tribunal fue la información registrada mediante el sistema de geolocalización. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el brazalete electrónico detectó desplazamientos fuera del perímetro autorizado, pese a que Rico Pineda debía permanecer dentro de su residencia.

La jueza le advirtió sobre la obligación de cumplir estrictamente las condiciones establecidas. El Ministerio Público sostuvo que la vinculación del imputado se encuentra fortalecida y que no han desaparecido los riesgos relacionados con la gravedad de los hechos investigados y el peligro para la comunidad.

La defensa, encabezada por el abogado Víctor Orobio, anunció que apelará la decisión. La audiencia fue programada para el 18 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna, donde un tribunal superior revisará los argumentos sobre las medidas cautelares.

Orobio ha sostenido que la investigación ya concluyó y que mantener las restricciones podría representar una pena anticipada. También afirmó que un informe financiero permitiría justificar los bienes de su cliente, argumento que será nuevamente presentado durante la revisión anunciada ante el tribunal de apelaciones.

Rico Pineda fue aprehendido el 20 de agosto de 2024 como parte de la Operación Jericó y permaneció aproximadamente 17 meses en detención provisional.

El 2 de febrero de 2026, el tribunal le concedió arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida que ahora continuará vigente mientras avanza el proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lo investiga por una transferencia de una elevada suma de dinero que presuntamente estaría relacionada con actividades ilícitas.

Según la tesis del Ministerio Público, los fondos habrían sido movilizados mediante estructuras empresariales para ocultar o dificultar la identificación de su origen.

Entre las sociedades investigadas figura Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que mantuvo contratos con entidades públicas. Los fiscales sostienen que una de las compañías habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, planteamiento que todavía deberá ser demostrado judicialmente.

La Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023 para investigar una supuesta organización dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales. Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis financieros, además de investigaciones sobre rutas, empresas, vehículos y propiedades.

La investigación reconstruyó una ruta que presuntamente comenzaba en Colombia y atravesaba Panamá y Costa Rica antes de continuar hacia México. Los cargamentos habrían ingresado por Guna Yala y Darién, para después ser trasladados mediante mochileros y vehículos con compartimentos ocultos hacia San Miguelito, Juan Díaz y Chiriquí.

Los operativos comprendieron más de 50 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos. Las autoridades reportaron al menos 31 personas aprehendidas, además del decomiso de más de una tonelada de drogas, más de $300,000, vehículos y armas de fuego.

Cinco procesados aceptaron recientemente acuerdos de pena por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Sin embargo, esos fallos no corresponden a Rico Pineda ni determinan su responsabilidad, pues su expediente continuará junto con otros imputados durante la etapa intermedia prevista para febrero de 2027.