
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 26 de agosto una nueva extensión del régimen de Excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros. El decreto, que prolonga por treinta días más la suspensión de varias garantías constitucionales, fue respaldado por 57 votos a favor. El régimen, vigente desde marzo de 2022, continuará hasta el 27 de septiembre de 2026.
La medida implica que seguirán suspendidos los derechos establecidos en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución, que comprenden el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia. El Ejecutivo argumentó que esta prórroga responde a la persistencia de condiciones que originaron la declaración inicial del régimen, entre ellas la actividad de grupos criminales y la necesidad de mantener los niveles alcanzados en seguridad pública.
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Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, detalló que la solicitud fue tramitada con dispensa de trámite y se sometió de inmediato a votación. Según el dictamen favorable, el Consejo de Ministros basó su petición en los resultados que atribuyen al régimen, como la reducción del índice de homicidios y la captura de más de 92,959 personas vinculadas a estructuras criminales. Las autoridades consideran que, de levantarse la medida, existe el riesgo de un retroceso en los logros obtenidos.

El informe del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, presentado en la sesión 31 del Consejo, sostuvo que el país todavía enfrenta amenazas por parte de grupos terroristas y criminales que, según las autoridades, buscan recuperar presencia territorial. Entre los argumentos expuestos se incluyó la reciente detención de jóvenes implicados en actividades afines a pandillas, la incautación de drogas y dispositivos móviles con evidencias de nexos delictivos y la identificación de intentos de mantener símbolos y comunicaciones propias de las organizaciones.
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El régimen de Excepción fue aprobado inicialmente el 27 de marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a pandillas. Desde entonces, ha sido renovado de manera ininterrumpida, con la justificación de que la amenaza persiste y que las medidas extraordinarias han permitido que El Salvador registre, de acuerdo con datos oficiales, más de 1,299 días sin homicidios durante la actual administración.
La Constitución salvadoreña establece que la suspensión de garantías no puede exceder de treinta días, aunque permite prórrogas sucesivas si persisten las circunstancias que motivaron la medida. El Ejecutivo recordó la existencia de jurisprudencia nacional que admite la prolongación sucesiva mientras subsistan las causas, siempre que se respete el límite temporal de los decretos.
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Durante la plenaria de este día, se citó que el régimen ha facilitado la captura de integrantes de pandillas deportados desde países como Estados Unidos, México y Guatemala, lo que, según las autoridades, evidencia la dimensión transnacional del fenómeno criminal. Además, se mencionó la continuidad de estrategias de inteligencia para prevenir el reagrupamiento de estas estructuras en el país y en la región.
La nueva prórroga, que entrará en vigor el 29 de agosto, mantiene la suspensión únicamente de ciertos derechos, según lo aprobado en las últimas extensiones. El Ejecutivo insistió en que la medida resulta indispensable para sostener la acción estatal frente a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.
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El decreto establece que las garantías suspendidas se restablecerán automáticamente al concluir el plazo si no se emite una nueva extensión. El Gobierno reiteró su compromiso de mantener la protección de la vida y la integridad de la población, argumentando que las condiciones de seguridad alcanzadas requieren consolidación antes de considerar el levantamiento del régimen.
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