
Más de 270 organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y líderes religiosos sumaron esfuerzos para instar formalmente al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, a otorgar una prórroga al Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. La iniciativa colectiva, respaldada por la coalición internacional Alianza Américas, cobró un fuerte impulso institucional tras la emisión de un comunicado oficial difundido el día de ayer, 21 de agosto.
A través del comunicado oficial dirigido al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, la coalición solicitó la extensión del alivio migratorio otorgado originalmente a la población salvadoreña en 2001, luego de los devastadores terremotos que azotaron al país centroamericano.
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La interrupción definitiva de este amparo legal dejaría sin autorización de empleo y bajo riesgo inminente de deportación a un aproximado de 170,000 inmigrantes salvadoreños radicados en suelo estadounidense.
Al respecto, Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Américas, calificó la renovación del estatus como “un acto urgente de justicia y solidaridad para brindar un alivio inmediato”.
Por su parte, Elnora Bassey, abogada especialista en políticas de la Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), advirtió que la ejecución de deportaciones masivas generaría “consecuencias perjudiciales duraderas” tanto para los beneficiarios como para sus familias.

Las exigencias de las organizaciones se vinculan de manera estrecha a la campaña permanente impulsada por la Alianza TPS, movimiento que busca la transición de los amparados desde las renovaciones periódicas las cuales demandan verificaciones de antecedentes ante la Oficina Federal de Investigación (FBI) cada 18 meses, hacia la residencia legal permanente.
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Análisis especialista: Factores diplomáticos y expectativas para los próximos días
Frente al inminente vencimiento proyectado para el 9 de septiembre, el experto en temas migratorios y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, analizó el panorama actual durante una intervención televisiva. De acuerdo con el especialista, aunque el marco legal indica que el beneficio otorgado a El Salvador podría concluir en la fecha señalada, el DHS aún no ha emitido un anuncio definitivo y oficial sobre el destino final del programa.
Alvergue destacó que la decisión de prorrogar o cancelar el TPS es una atribución ejecutiva que recae directamente en el presidente de EE.UU.. En ese contexto, sostuvo que aún no se descarta una resolución favorable derivada de las actuales dinámicas geopolíticas y de cooperación bilateral en temas de seguridad y contención migratoria entre la administración de Washington y el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
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“Por la buena relación que hemos visto que tiene con el presidente de El Salvador, alguna sorpresa podría pasar”, señaló el especialista.

Durante las próximas semanas se espera una definición por parte de las autoridades estadounidenses, en un escenario donde la diplomacia salvadoreña busca posicionar el aporte socioeconómico de la comunidad migrante mientras el Poder Ejecutivo estadounidense evalúa las determinaciones finales para los países bajo esta cobertura.
Países excluidos del amparo y decisiones oficiales del DHS
El escenario de incertidumbre para la comunidad salvadoreña se da en un contexto de endurecimiento generalizado de las políticas migratorias de la Casa Blanca. Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la facultad de la rama ejecutiva para revocar la protección temporal, el DHS ratificó la terminación efectiva del TPS para múltiples naciones.
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A través de comunicados y actualizaciones oficiales difundidos por el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), las autoridades confirmaron la cancelación y no prórroga del estatus para beneficiarios provenientes de los siguientes países:
- Venezuela
- Haití
- Honduras
- Nicaragua
- Siria
- Afganistán
- Yemen
- Camerún
- Nepal
- Sudán.
El DHS ha instruido a los ciudadanos de estos países cuyos plazos de TPS han finalizado a abandonar el territorio estadounidense para evitar procesos de deportación formal, lo que mantiene bajo máxima expectativa a las organizaciones civiles y a la comunidad salvadoreña a la espera de un veredicto definitivo antes de la fecha límite.
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