Exdirector de Infocentros deberá devolver $3.1 millones al Estado salvadoreño por desvío de fondos

El exdirector de la asociación privada Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, fue sentenciado a restituir al Estado al menos $3.1 millones por el desvío de fondos públicos, tras una resolución emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Esta decisión responde a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que logró demostrar la responsabilidad civil del imputado en el denominado caso Infocentros, uno de los procesos más relevantes sobre manejo irregular de recursos estatales en El Salvador.

La Fiscalía General de la República detalló que los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008, periodo en el que Figueroa Salinas ejerció como director de Infocentros. Durante esos años, el exdirector colaboró con autoridades del entonces Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) en la suscripción de convenios ilegales que permitieron desviar millonarios fondos públicos. Según los hallazgos de la FGR, el mecanismo utilizado consistió en acuerdos que carecían de justificación legal y facilitaron la transferencia de recursos estatales a cuentas bajo el control de la asociación.

En el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales y testimoniales que demostraron la participación activa de Figueroa Salinas en el diseño y ejecución de esos convenios. El tribunal consideró suficiente la evidencia para declarar la responsabilidad civil del exdirector y ordenar la restitución del monto calculado como perjuicio económico causado al Estado. La cifra de $3.1 millones representa el dinero público que, según la sentencia, fue desviado de su destino original durante los cinco años investigados.

El caso Infocentros se origina en la década de 2000, cuando el Estado salvadoreño impulsó una serie de proyectos para expandir la conectividad digital y el acceso a la tecnología. Infocentros surgió como una asociación privada a la que el gobierno encomendó la ejecución de programas tecnológicos financiados con fondos estatales. En ese contexto, la administración de los recursos quedó sujeta a una supervisión limitada, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y el uso adecuado del dinero público.

Las auditorías y pesquisas posteriores revelaron que parte de los fondos asignados a Infocentros no se utilizó en los proyectos previstos, sino que fue canalizada mediante convenios irregulares y fuera de los procedimientos legales establecidos. Esta situación motivó la apertura de investigaciones penales por parte de la Fiscalía, que finalmente llevaron a la condena de Figueroa Salinas.

La resolución del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador se suma a los esfuerzos institucionales para sancionar el mal manejo de recursos públicos y recuperar el dinero desviado de programas estatales. De acuerdo con la FGR, el fallo busca compensar el daño económico causado y reafirmar la obligación de los directivos de entidades privadas que gestionan fondos estatales de responder ante la justicia por sus actos.

El monto que Figueroa Salinas deberá devolver constituye uno de los más altos ordenados recientemente en un caso de responsabilidad civil por corrupción en El Salvador. Esta acción legal, según la FGR, forma parte de una estrategia para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en áreas sensibles como la tecnología y la educación.

La condena en el caso Infocentros resalta la importancia de las labores de investigación y fiscalización para garantizar el uso correcto de los recursos estatales y proteger el interés público.