Ciria Griceli F. H., ciudadana hondureña de 34 años y presunta colaboradora de la MS13, fue entregada por las autoridades de Honduras a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera de El Amatillo, del departamento de La Unión, según informaron las fuerzas de seguridad de ambos países. La mujer posee una orden de captura emitida por un tribunal de San Salvador por extorsión agravada, cargo por el que se la acusa de exigir dinero a comerciantes que ingresaban a una colonia para vender sus productos.
El director de comunicaciones del Poder Judicial de Honduras, Melvin Duarte, explicó a Noticiero 24/7 que Figueroa Hernández, conocida como “Siri”, fue trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) después de que una decisión judicial dictara la medida de arresto provisional. El próximo 2 de septiembre a las 7:00 se llevará a cabo la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, instancia en la que se determinarán los avances en el proceso de extradición y se analizarán las evidencias presentadas.
La cooperación entre países y el procedimiento judicial. Según la Policía Nacional Civil de El Salvador, la colaboración entre autoridades hondureñas y salvadoreñas posibilitó este proceso, encaminado a llevar ante la justicia a personas acusadas de delitos en territorio salvadoreño.
Figueroa Hernández será puesta a disposición del tribunal que dictó la orden de captura, en cumplimiento del procedimiento judicial establecido.
La legislación salvadoreña incorpora desde 2015 la Ley Especial contra el Delito de Extorsión como eje central para sancionar la extorsión agravada, tras separar este delito del Código Penal con el objetivo de establecer un marco más riguroso ante su impacto social. El país emplea otros instrumentos legales para fortalecer la persecución, entre los que destaca la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que posibilita considerar la extorsión cometida por pandillas como acto terrorista cuando busca intimidar a la población.
La normativa contempla además la Ley Especial de Extinción de Dominio, destinada a la confiscación de bienes y fondos vinculados a la extorsión, y la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, que faculta al Ministerio Público a obtener pruebas mediante la intervención de llamadas en procesos judiciales relacionados con este delito.
Casos similares
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la extradición de José Iván Blanco Ventura desde Panamá, quien deberá cumplir en El Salvador una condena de 65 años de prisión por feminicidio y homicidio agravado.
Según la entidad salvadoreña, la orden de extradición se ejecutará en un plazo máximo de 30 días a partir del 23 de febrero de 2024, conforme al reporte de las autoridades panameñas remitido a la FGR.
Las pesquisas fiscales indicaron que el 27 de septiembre de 2022 Blanco Ventura abordó el vehículo donde viajaban su expareja y otra persona en San Miguel, utilizando un arma de fuego para asesinarlos en el acto.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres sentenció a Blanco Ventura en ausencia en marzo de 2024, asignándole 35 años de prisión por feminicidio y 30 años por homicidio agravado.
De acuerdo con los expedientes judiciales, la responsabilidad de Blanco Ventura fue acreditada por las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República. Una vez ejecutada la extradición, el sentenciado será entregado a las fuerzas de seguridad de El Salvador para iniciar el cumplimiento efectivo de la pena.
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