El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que la propuesta de imponer prisión perpetua a asesinos, violadores, feminicidas y terroristas no implica un cambio en el sistema de justicia. La comparecencia de Villatoro se produjo este jueves durante la discusión de la reforma constitucional impulsada por el gobierno central.
Según explicó Villatoro, las reformas propuestas representan “el anhelo de seis millones de salvadoreños que acá se encuentran dignamente representados”. El ministro defendió la iniciativa como una medida de “sentido común” y “bastante estricta”, que busca marcar una diferencia respecto a reformas anteriores, que, a su juicio, respondían a coyunturas específicas y funcionaban como “estrategias comunicacionales”.
De acuerdo con la intervención recogida por medios locales, Villatoro señaló que la propuesta no responde a un aumento de delitos, sino a un compromiso con las futuras generaciones. “Venimos a presentar estas reformas, a solicitar su apoyo a la reforma constitucional y presentar esta reforma a leyes secundarias, siendo el país más seguro del continente americano”, afirmó el funcionario.
El debate en la comisión también abordó la preocupación por posibles acusaciones falsas y la necesidad de proteger a quienes puedan ser víctimas de denuncias infundadas. Frente a este punto, Villatoro precisó: “Si hay una acusación infundada, pues también hay una respuesta para la que presentó la denuncia infundada que activó todo un sistema”. El ministro destacó el fortalecimiento del área científica y tecnológica, con laboratorios de ADN que han permitido esclarecer delitos y homicidios recientes.
Durante la sesión, Villatoro insistió en que la reforma se limita a modificar las penas establecidas para ciertos delitos, sustituyendo la condena máxima actual por la prisión perpetua y definiendo sus reglas. “No estamos cambiando el sistema de justicia, no estamos cambiando atenuantes, agravantes. Estamos siempre basados en lo que representamos: Estado de derecho, donde todo Estado de derecho tiene un sistema de justicia”, puntualizó el ministro.
La propuesta de reforma está en estudio en la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo busca los votos necesarios para su aprobación. El gobierno sostiene que la adopción de la prisión perpetua busca establecer un “muro” frente a los delitos más graves y garantizar la seguridad a largo plazo, en contraste con las políticas de las últimas décadas.
La controversia en torno a la iniciativa ha abierto un debate sobre los alcances de la reforma y su impacto en el sistema penal salvadoreño, en un contexto donde, según la administración central, El Salvador figura entre los países con los índices de seguridad más altos del continente americano.
Gobierno detectó “permisividad en homicidios”
La presentación de una reforma de leyes por parte del Ministro de la Defensa, René Merino, fue motivada tras el análisis de ochenta y dos homicidios ocurridos en el país. El funcionario explicó que, a pesar de que “tenemos un país seguro, tenemos el riesgo de que hayan disminuido también de delito. Entonces, ¿por qué hay ochenta y dos homicidios?”, planteó al detallar el contexto que llevó a la propuesta.
En ese proceso de revisión, Merino relató que, al examinar detalladamente cada uno de los factores que inciden en que esos homicidios hayan sucedido, concluyeron que “muchos de esos homicidios son producto de la permisibilidad de las leyes que hay que reformar”. De acuerdo con el ministro, la necesidad de modificación normativa responde directamente a los resultados de esa indagatoria.
Al justificar la iniciativa, subrayó la atención sobre quienes sostienen que “la seguridad no se come, pero tampoco queremos que porque no se coma de la seguridad haya ochenta y dos homicidios”. Merino insistió en que es justamente “por esa razón es que se han presentado” estas modificaciones legislativas.
Cabe mencionar que el análisis de estas reformas legales continúa en estudio dentro de la Asamblea Legislativa. Para este viernes 20 se citó al titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, para que también pueda emitir sus consideraciones sobre el tema.
El 23 de marzo serán miembros de la Corte Suprema de Justicia quienes también darán sus consideraciones a la Comisión Política. Serían el Código Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil las que se buscan adecuar tras la medida.
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