El senador Flávio Bolsonaro, principal postulante de la oposición para las elecciones presidenciales previstas en octubre, respaldó la adopción de políticas más estrictas contra el crimen organizado en Brasil.
Durante un encuentro con empresarios en Río de Janeiro, Bolsonaro afirmó que el país debería endurecer su legislación penal, inspirándose en el modelo de seguridad implementado en El Salvador, como informó la agencia EFE.
El objetivo declarado es promover reformas legales que permitan penas significativamente más altas y la creación de nuevos tipos penales para delitos vinculados al narcotráfico y la violencia.
En el marco de la discusión sobre un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara y el Senado, y que espera ser sancionado o vetado por el presidente hasta el 24 de marzo, Bolsonaro sostuvo que el actual mandatario podría optar, según sus palabras, por “el lado de los criminales y no el de los ciudadanos de bien”, haciendo referencia a los resultados de las últimas elecciones presidenciales de 2022.
Entre los detalles de la legislación en cuestión, destacó la creación de diez nuevos tipos penales, el aumento de penas y la tipificación como delito autónomo del porte ilegal de fusil, que actualmente se considera solo un agravante en el delito de tráfico de drogas tras una decisión del Superior Tribunal de Justicia.
La propuesta, según detalló Flávio Bolsonaro a EFE, contempla una pena mínima de 20 años y máxima de 40 años de reclusión para quienes se incluyan en las nuevas tipificaciones. Además, en determinados casos, la pena puede incrementarse hasta el doble, permitiendo condenas de hasta 80 años de prisión para líderes de organizaciones criminales.
Esta reforma, afirmó, constituye una actualización imprescindible del marco legal penal en respuesta a los desafíos de la criminalidad organizada.
Durante su intervención, Bolsonaro subrayó la necesidad de reformar la actuación policial y judicial, señalando que en la actualidad “no sirve de nada: sueltan y la policía vuelve a detener”, en alusión a casos de individuos con más de 130 antecedentes penales que permanecen en libertad.
En este contexto, relató recientes episodios violentos e hizo un llamado explícito a priorizar los derechos de la sociedad por sobre los de quienes, a su juicio, representan un peligro reincidente.
En un bloque especialmente controvertido de sus declaraciones, el senador abordó la problemática de los delitos sexuales y defendió la introducción de la castración química para violadores.
Según el propio Bolsonaro, esta medida, ya aplicada en distintos países europeos, ha evidenciado una tasa de reincidencia inferior al 10%. “Esto ya ha demostrado ser eficaz, por ejemplo, en países de Europa, donde más del 90% de los violadores, después de pasar por ese proceso de castración química, no reinciden”, aseveró en diálogo con EFE.
El próximo paso corresponde al presidente de Brasil, a quien le compete sancionar o vetar la ley antes del 24 de marzo. Según Flávio Bolsonaro, la decisión será “entre defender la seguridad ciudadana o mantener un enfoque permisivo frente al crimen”, en palabras recogidas por EFE.
La referencia al modelo de El Salvador resalta la intención de la oposición brasileña de buscar respuestas en esquemas de seguridad ya implementados en otros países. Bolsonaro utilizó el ejemplo salvadoreño para ilustrar posibles rutas de acción en Brasil, defendiendo la necesidad de leyes más severas y de una reforma integral del sistema penal.
El evento reunió a empresarios y representantes de la derecha, mostrando el respaldo de sectores económicos a un endurecimiento de la política criminal.
El debate abierto posiciona la agenda de seguridad como uno de los ejes principales de la contienda presidencial, y sitúa a Flávio Bolsonaro en el centro de la discusión sobre el futuro del combate al crimen en Brasil.
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